Sin maldad

enrique Linde

Procesos

LOS complejos aspectos del procedimiento penal han llegado a constituirse en un preferente campo de batalla del debate político. Y es que, todos, hemos intentado encontrar en la tramitación judicial la forma más objetiva y automática para dirimir la responsabilidades políticas, personales y éticas de los representantes públicos. Y creo que hemos errado el tiro. Porque la lógica procesal, hasta el momento de la sentencia, no pretende determinar culpabilidades o responsabilidades y cualquier conclusión prematura de su actuación no solo puede ser un error, sino también una injusticia.

Después de analizar y distinguir las diversas situaciones de denunciado, querellado, investigado, imputado, procesado o condenado, cuestiones que en principio no son fáciles, parece que se pensó, por algunos, que el acto de la imputación era el momento automático deseable para que un responsable político deje su cargo. Pero aun aquí sería necesario distinguir entre el imputado en prisión provisional, del imputado en libertad condicional bajo fianza, del imputado con cargos o el citado a declarar como imputado sin cargo especifico y solo como garantía procesal. Y aún más, todavía habría que distinguir si existe auto de imputación o solo providencia de citación. Como se ve, estamos ante un concepto complejo y no parece ser el más adecuado para señalarlo como el elemento básico de la responsabilidad pública.

Pero el problema es que este afán de descargar en decisiones de los jueces la fijación del nivel de la responsabilidad política denota una carencia o una cobardía. Porque, al margen de la tramitación judicial, la determinación de las responsabilidades políticas tendría que venir de la mano de la sensibilidad social y del compromiso ético de cada partido, ejercido con contundencia y en función de la gravedad, culpabilidad y repercusión de los hechos, sin esperar a tramitaciones judiciales normalmente largas y complejas. Y el nivel de autoridad que han de tener los partidos políticos deberá ser reflejo del mismo nivel de exigencia de sus votantes y simpatizantes, siendo conscientes que una actitud laxa en este aspecto tendría un severo castigo electoral. Posiblemente así, con un electorado exigente con la limpieza del comportamiento de sus representantes y unos partidos políticos con la suficiente autoridad y sensibilidad se haría innecesario este campo de batalla lleno de tecnicismos y contradicciones como es el procedimiento penal y no tendríamos que cargar a la justicia con responsabilidades y consecuencias que no le corresponden.

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