CINCO alcaldes andaluces encabezarán las listas del PP al Parlamento andaluz en un claro desafío a la reciente reforma de la Ley Electoral que aprobó el PSOE e IU para que los parlamentarios no puedan ser regidores a la vez. Los populares interpretaron esta reforma como "una cacicada" con la que se buscaría eliminar de la carrera electoral del 25 de marzo a personas con tirón en sus localidades. Se trataría, según el PP, de una ley que no vela por el interés general, sino elaborada contra determinadas personas. Las razones del PSOE para la reforma se basaban en el argumento de que el parlamentario lo debe ser a tiempo completo, sin otras responsabilidades políticas: una persona, un cargo. Los socialistas habían esgrimido que algunos alcaldes carecían de tiempo para cumplir sus obligaciones como parlamentarios y delegaban en muchas ocasiones en sus compañeros. Ahora, el PP pone en marcha la estrategia legal que pensó antes de las elecciones generales: Mariano Rajoy presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley andaluza, en el que solicitará la suspensión cautelar. Si el Constitucional lo admite, la ley, en efecto, quedará en suspenso, y los alcaldes podrán ocupar el escaño mientras no se produzca el fallo. El PP andaluz está confiado en ganar las elecciones autonómicas, lo que le permitiría cambiar la ley antes de la respuesta final del Tribunal Constitucional. En otras ocasiones, nos hemos posicionado a favor de que los alcaldes puedan ser representantes en la Cámara andaluza, así como en el Congreso de los Diputados, del mismo modo que hay regidores socialistas que son senadores. Es bueno que los representantes municipales estén en estas cámaras legislativas. Ahora bien, el PP debe ser consciente de que no cabe el abuso, de que determinados alcaldes no pueden ser parlamentarios por pura incompatibilidad horaria. En vez de una ley, cada partido debería regular este asunto. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con otros cargos, el de parlamentario o diputado es un puesto que proviene de la elección del ciudadano no de la designación de un partido.