Como sabemos, la vicepresidenta del Gobierno de la nación, doña Yolanda Díaz, fue a Bruselas a suplicarle el voto a don Carles Puigdemont, de profesión golpista. Desde Moncloa insistían en que quien visitaba al prófugo era la representante de Sumar; pero resulta obvio que quien se humillaba servilmente, por motivos espurios, era la democracia española, por boca de uno de sus más altos representantes. Unas horas antes o después, el presidente Sánchez decía en el Ateneo de Madrid que “había que dejar atrás la fractura de 2017”. Y suponemos que la forma de avanzar es la amnistía. ¡Ah, si don Pedro hubiera podido hablar con el fantasma de Azaña, eximio ateneista! Ahí quizá se habría informado mejor sobre la amnistía del golpista Companys, y su posterior deslealtad durante la Guerra Civil, recogida tanto en sus Diarios como en la La velada en Benicarló, de extrema claridad en cuanto a la naturaleza del catalanismo.

El problema, no obstante, es aquello que don Pedro Sánchez llama fractura –el golpe de 2017–, y cuya solución, ya adelantada por el señor Montilla, no es otra que consolar y adular a los delincuentes, pero no la de amparar a quienes sufrieron el arbitrio y la amenaza de los sediciosos. Como es sabido, el golpe del año 34 costó más de medio centenar de vidas, mientras que, por fortuna, el mantenimiento de la legalidad democrática, en 2017, no supuso más que alguna contusión aislada. Por qué razón el presidente Sánchez sólo considera españoles relevantes a una porciúncula desafecta, privilegiada de continuo, y de marcado carácter xenófobo, es algo que quizá sepamos algún día. Esto es, quizá sepamos algún día por qué para el presidente del Gobierno de España sólo son españoles a tener en cuenta aquellos españoles que no quieren serlo. El resto, según parece, adolecemos de una doble lacra inextinguible: el estigma gemelo, llevado con naturalidad desde hace ya medio siglo, de ser españoles y demócratas.

Es esta democracia la que la vicepresidenta del Gobierno ha llevado a Bruselas para alfombrar el paso de un individuo fugado de la justicia española. El mensaje ofrecido es de doble naturaleza: uno, el candidato Sánchez abonará cuanto sea necesario para su investidura. Y dos: el pagador de dicho precio será el Estado democrático español, presentado como autoritario y culpable, y la decreciente igualdad entre sus ciudadanos. Ahora bien, que un partido socialista sea el minucioso destructor de la igualdad entre compatriotas no deja de ser una profunda y curiosa paradoja.