SI la drástica paralización del sector inmobiliario parece una evidencia poco discutible y, pese a ello, las páginas de información local ofrecen cada día nuevas polémicas urbanísticas, debe ser que la política ya no es de este mundo. La paradoja es que los promotores de algunos proyectos rechazados por la Junta, que han acaparado titulares estos días, lo más probable es que hayan recibido la noticia con más alivio que frustración. El drástico cambio de contexto económico que se ha vivido desde que se iniciase su tramitación hasta hoy reduce la polémica, sobre el proyecto de Rafael Moneo o el de la Plaza de la Marina (del que hablamos la pasada semana), a puro interés teórico.

Sobre el proyecto para construir un hotel de lujo en Hoyo Espartero, sostienen los responsables de la Junta que los intereses privados no pueden justificar (supongo que tampoco los públicos) que el inmueble sobrepase la altura permitida por el PERI. Es evidente que la administración autonómica tiene sobradas razones para rechazar el proyecto, pero lo chocante es que a la hora de explicarlo recurra más a prejuicios que a argumentos. Lo más perturbador de su razonamiento es el recurso a esa injustificada superioridad moral con la que la Junta suele tratar a los ayuntamientos en estas cuestiones. Su negativa es una suma de juicios de intenciones: los responsables autonómicos no admiten, algo tan probable, como que el Ayuntamiento defienda el interés público cuando considera que la construcción de un hotel de lujo es conveniente para la ciudad o que detrás de la propuesta esté el esfuerzo de los técnicos de la gerencia municipal de urbanismo por encontrar una buena solución arquitectónica, que concilie los intereses públicos y privados que animan esta promoción. Mantener que unos y otros sólo actúen movidos por intereses espurios, acusándolos además de haber buscado al mejor arquitecto, no porque así lo aconsejaba la complejidad del problema urbanístico, sino para que el indudable prestigio de este profesional sirva para legitimar el supuesto pelotazo, es una conclusión verdaderamente mezquina. Llegados a este punto, no debería extrañar a los representantes autonómicos que en determinados medios malagueños interpreten el rechazo del proyecto de Moneo como un agravio más de la Junta (léase Sevilla) a Málaga.

Obviamente es opinable si el indudable impacto del proyecto sería positivo o negativo para su entorno urbano; en estos días hemos podido leer opiniones para todos los gustos. El proyecto incumple el PEPRI, pero siendo una razón importante, no debería ser la única a tener en cuenta en este caso. Están en juego intereses socioeconómicos de la ciudad y, también, una solución arquitectónica que, por muy discutible que sea desde el punto normativo, merece mayor respeto. Lo que cabe esperar de un asunto de esta naturaleza es más esfuerzo de entendimiento entre administraciones y menos juicios de intenciones cargados de moralina.