AUNQUE lo dijese sin pensar, cuando el ministro del Interior comparó el aborto con el terrorismo estaba diciendo lo que realmente piensa. Es el tipo de ignominia que los que profesan con extremado celo su fe religiosa lanzan contra los que no comparten sus mismas creencias. Lo paradójico es que, como sostiene Steven Pinker en Los Ángeles que llevamos dentro, las guerras libradas en nombre de esa misma fe han sido una de las principales causas de destrucción y muerte en la historia de la humanidad. No hace mucho que la jerarquía católica paseaba bajo palio a dictadores genocidas y unas décadas antes asistía con indiferencia cómplice al holocausto judío. Con esos antecedentes deberían ser más cautos a la hora de establecer paralelismos tan execrables como el que hizo el muy católico ministro. Sostiene la iglesia que el alma entra en el cuerpo en el momento de la concepción: a partir de ese mito equiparan el derecho a la vida del embrión al del ser humano nacido. Una doctrina, ajena a cualquier verdad científica, que sólo se alimenta de la superstición y la superchería religiosa. Algo que no les impide llamar asesina a la mujer que interrumpe su embarazo o calificar el aborto de infanticidio.

Hoy día este debate no puede entenderse si no es en el contexto de unas sociedades radicalmente transformadas por la irrupción de la mujer en los ámbitos sociales y profesionales que antes sólo estaban reservados al varón. El derecho a decidir sobre su maternidad es una condición necesaria para que la mujer puedan desarrollar su proyecto autónomo de vida profesional y privada en iguales condiciones que el hombre. Por ello no debemos tratar la cuestión del aborto en el ámbito de la abstracción metafísica sino en el territorio secular de la igualdad, los derechos y las libertades civiles.

Cuando se aprobó la actual ley de plazos, la jerarquía católica acusó al gobierno de imponer su relativismo moral al conjunto de la sociedad. No es cierto. Nada hay en la ley que impida a la mujer, sea contraria o partidaria del derecho a abortar, llevar a delante su embarazo sin interferencia alguna. Son precisamente las medidas prohibicionistas las que sí imponen al conjunto de la sociedad los criterios y prejuicios morales o religiosos de una parte de la misma. La ley de supuestos, a la que regresa el ministro Gallardón, incapacita a la mujer (como se incapacita legalmente a un demente) para poner en manos de supuestos expertos la decisión de si ella debe o no continuar un embarazo no deseado. Una discriminación arbitraria que encaja mal en las sociedades actuales caracterizadas por la igualdad de derechos conquistada por las mujeres en las últimas décadas.