crónica personal

Pilar Cernuda

El mal gestor

SE equivoca Manuel Chaves si cree que hace amigos, que capta votos, cuando declara que no se puede penalizar a un gestor público a no ser que cometa un delito. Se equivoca porque una mayoría aplastante de españoles está más que harta de que las cuentas públicas sean un desastre sin que nadie pague las consecuencias; y ha aceptado no con satisfacción, sino con entusiasmo, la propuesta del Gobierno de que los que administren mal los dineros públicos tengan que responder ante la Justicia.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha dicho textualmente que no se podrá gastar más de lo que recoja el presupuesto, porque en ese caso se falsearía la contabilidad pública. Y ha dicho también que se exigirán responsabilidades penales a quien se tome las cuentas a título de inventario, entre otras razones porque el que caiga en ese hábito provoca que no se paguen facturas ni se atiendan los compromisos. No se podría recibir mejor noticia que la anunciada por Cristóbal Montoro, aunque evidentemente habrá que redactarla y aprobarla teniendo en cuenta todas las situaciones de manera que se castigue al mal gestor que actúa a conciencia de que incumple con las responsabilidades encomendadas.

Por otra parte, Montoro ha echado cables a quienes se encuentran en una situación límite, que son todos los gestores de gobiernos autonómicos y municipales. Se abrirán líneas de créditos ICO a los presidentes y alcaldes para pagar a sus proveedores, siempre que cumplan los planes de austeridad y de control del déficit, y además se amplía a diez años el plazo con el que contaban las comunidades autonómicas para devolver al Estado los anticipos realizados.

De las doscientas mil empresas obligadas al cierre en los últimos años un alto porcentaje de ellas han llegado a esa situación porque no han cobrado las cantidades adeudadas por distintas administraciones públicas, que al no pagar han mandado directamente al paro a millones de españoles. El famoso Plan E de Zapatero podría haberse utilizado para que los ayuntamientos pagaran esas deudas, en lugar de dedicar más de 14.000 millones de euros a nuevas construcciones, en la mayoría de los casos no necesarias y sin razón de ser. El nulo respeto por responder a los compromisos adquiridos ha sido moneda corriente, y quien ha hecho de la creación de empleo una prioridad de gobierno debe agarrar ese toro por los cuernos: castigo al cargo público que no paga sus deudas, que no gestiona con sentido de la responsabilidad, que esconde facturas en un cajón y que se sale de presupuesto sin importarle las consecuencias.

Un país en el que las familias pierden sus viviendas por no pagar sus créditos hipotecarios no puede permitir que sus gobernantes gasten lo que no tienen y además no paguen a sus proveedores.

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