AL menos desde antes de la aprobación de la Constitución, en España no hay presos políticos. Dos amnistías consecutivas no sólo procuraron la salida a la calle de personas encarceladas por asuntos políticos, sino también de aquellos otros que, envueltos en la argumentación social o nacionalista, también eran presidiarios por motivos terroristas. Ahora, cuando ETA avanza hacia sus pasos finales, la llamada izquierda abertzale intensifica su presión en la calle para una solución conjunta para los presos de la banda terrorista. Es posible que ETA, como tal, no deje de existir hasta que todos sus presos terminen sus condenas, pero ello no debe ser un motivo para acelerar su salida. Ésta debe transcurrir bajo la línea que marca la ley. En contra de lo que la izquierda abertzale viene reclamando -la relajación de los regímenes, el acercamiento o la consecución de tercer grado-, es la propia ETA la que está sacrificando a sus presos en favor de una presunta unidad que está a punto de romperse. El Código Penal español es, especialmente, estricto con los delitos de terrorismo, fruto no de ningún capricho, sino de la historia reciente del país. Muchos presos de ETA ya estarían obteniendo los beneficios que la ley entraña de no ser porque la banda los obliga a no solicitar el perdón ni a hacer efectivo el derecho a la reinserción que la propia Constitución avala. Las medidas de presión que estos días vemos en la calle a favor de los presos, básicamente centradas en la consecución del acercamiento a las cárceles del País Vasco, deberían volverse hacia la propia organización terrorista, que de algún modo tiene a sus propios militantes encerrados bajo una doble llave. Las líneas rojas están marcadas: no hay medidas ni iniciativas de gracia conjuntas ni atajos legales que afecten al bloque. Ningún preso de ETA se va a beneficiar de medidas ajenas al resto de encarcelados por otros tipos de causas. Ni un ápice de ensañamiento, pero tampoco de privilegio. Es ETA quien debe dejar libertad a sus presos para que se acojan a los beneficios incorporados en la ley.