EN la España galdosiana de la Restauración, los partidos se alternaban en el poder y el que ganaba desalojaba a los perdedores ocupando todos los puestos de la administración. Algunos dicen que ahora sucede lo mismo, pero exageran. Aunque algo parecido sí ocurre con las leyes. Dependiendo de quién se turne en el poder, toda reforma tendrá su correspondiente contrarreforma y viceversa.

Ahora el Gobierno ha hecho suya la agenda de la jerarquía católica. Los nuevos ministros se afanan por complacerla, no sé si por convicción o tacticismo. Quizás por ambas cosas a la vez. El PP es un partido confesional y, a diferencia de sus homólogos europeos, la derecha española sigue teniendo un alma nacional-católica. También nuestra Iglesia tiene su propia idiosincrasia: por su historia, tiene verdaderas dificultades para entender al papel que corresponde a una confesión religiosa, por muy mayoritaria que sea, en un Estado laico. Se resiste a dar al césar lo que es del césar. Como decía aquel cura que interpretaba magistralmente Agustín González en la Escopeta nacional: "Lo que yo ato en la tierra no lo desata ni Dios en el cielo".

Esta nueva contrarreforma, que el Gobierno acomete al dictado cardenalicio, suscita una elemental cuestión de fondo: qué principios deben inspirar nuestras leyes y para quién se legisla. La sociedad española ha vivido en las últimas décadas un profundo proceso de cambio. Nuestra forma de vida, las costumbres, el papel de la mujer, la forma de familia, la relación con nuestros hijos, etc. son muy diferentes a como eran hace tan sólo tres o cuatro décadas. El país se ha secularizado sacudiéndose muchos de viejos tabúes y supersticiones propios de una sociedad marcadamente católica. El Estado democrático está obligado a reformar el marco legislativo atendiendo esas nuevas realidades sociales.

Las reformas legislativas sobre la despenalización del aborto, la píldora del día después, el matrimonio homosexual o la asignatura de educación para la ciudadanía fueron objeto de polémica y de movilizaciones, agitadas desde la Conferencia Episcopal. Pero lo que indican hoy los estudios de opinión es que existe un consenso social razonablemente amplio en la sociedad española acerca de estas reformas. Sin obviar la complejidad de los asuntos morales que plantean, en democracia los contenidos de este tipo de leyes deberemos juzgarlos, en primer lugar, en función de si sirven para mejorar nuestros libertades y derechos o favorecen la igualdad. Sin olvidar los nuevos enfoques éticos que sobre estos asuntos suscitan los grandes avances científicos que se han producido en las últimas décadas. Con los cambios legales las sociedades democráticas adaptan su marco de convivencia a las nuevas demandas sociales. La Iglesia, por su parte, vive aferrada a sus dogmas. Esa es su naturaleza, ni quiere ni tiene que entender los cambios sociales. Lo que no se comprende es que el gobierno vaya de su mano a ese viaje a ninguna parte.