En el contexto degradado de la política española, antes y después de que irrumpiese hace unos días el caso Koldo-Ábalos, continúa desarrollándose, aunque se le preste menos atención, la tramitación de la ley de amnistía. Ésta sigue transcurriendo de una manera bastante encubierta y por añadidura obscena. En esta España actual en la que tantas anomalías se aceptan y normalizan, el pasado 20 de febrero, al límite, la Mesa del Congreso acordó una cuestionable prórroga de quince días para que la Comisión de Justicia pueda aprobar un nuevo dictamen sobre la norma proyectada. De lo que se trata, como es evidente, es de que PSOE y Junts logren acordar un nuevo texto de la ley, en la que se incluya lo que estos últimos exigen: una amnistía prácticamente integral. Más allá de este ominoso resultado final, de la casi total opacidad con la que esto sucede, de que no se sepa bien quiénes negocian, cómo y dónde, lo escandaloso (hasta la náusea) es el hecho mismo de tal negociación. Y es que en todo este proceso ha flotado desde su inicio el aire repugnante, difícilmente disimulable, de la componenda. En el fondo, resulta cada vez más notorio que no se trata de una ley sino de un apaño interesado, al que hay que darle, porque no queda más remedio, forma legal.

José Esteve Pardo, uno de nuestros mejores administrativistas vivos, publicó a finales de 2023 un brillante (y recomendable) ensayo titulado El camino de la desigualdad. Del imperio de la ley a la expansión del contrato. En él su tesis fundamental es que la ley (lo público y el interés general, si se prefiere) habría ido cediendo terreno ante el contrato (lo privado y el interés particular). En la actualidad, en una deriva que viene de atrás, la tensión o correlación entre ambos, entre ley y contrato, siempre presente a lo largo de una buena parte de la historia de uno u otro modo, habría desembocado en una auténtica marea contractual, que no estaría sólo desmantelando el entramado legal del Estado Social sino la propia estructura básica del Estado de derecho, afectando incluso al modo de concebir la ley y sus funciones. En este sentido, señala Esteve, son palmarias y abundantes, y en clara expansión, las normas de origen convencional o contractual, algo que se proyecta en los más diversos campos.

Es innegable que este avance del contrato –que algunos por supuesto identificarán (y justificarán) con la libertad y la autonomía de la voluntad– repercute negativamente en la igualdad, esa que corresponde garantizar a la ley. Y es que, como concluye también Esteve, sería la propia garantía de igualdad ante las leyes la que se habría debilitado y quebrantado con la matriz negocial que se encuentra en el origen de muchas de éstas. Estas normas paccionadas, subraya, generalmente las de mayor alcance político, tendrían una marcada impronta contractual, siendo el resultado de la negociación entre facciones políticas que buscarían la satisfacción de sus intereses singulares –por mucho que traten de presentarse, envueltas en una palabrería grandilocuente, como beneficiosas para la comunidad en su conjunto. Se trataría, remata Esteve, de una tendencia que se ha manifestado claramente en nuestro país en los últimos tiempos, en los que se ha llegado a modificar el Código Penal (nada más y nada menos) en el exclusivo beneficio de personas concretas; así, la ley, cada vez más desnaturalizada e irreconocible como garante de la igualdad de los ciudadanos, sería utilizada para ofrecer tratamientos abiertamente desiguales y para consagrar privilegios resultantes de una negociación previa, como si de meras cláusulas contractuales se tratara.

Cuesta muy poco, desde luego, reconocer estos rasgos en la ley de amnistía que se pretende promulgar. Todo ello no es nuevo, sin embargo. Al fin y al cabo, como sentencia también nuestro autor, hace tiempo que mantenemos formal y cínicamente una gran fachada (nuestro sistema democrático de producción legislativa) que no haría otra cosa sino ocultar tras de sí graves deficiencias, algunas de ellas, como éstas que afloran ahora, de gran calado. Así lo denunció antes otro gran administrativista español, el irrepetible y recientemente desaparecido Alejandro Nieto. Para éste, el Estado de derecho y el principio de legalidad, las aportaciones cruciales de la Transición, habrían quebrado hace tiempo como ideas matrices que sostenían dicho sistema. Éste, cada vez más maltrecho, ha tenido que ser apuntalado, ocultando sus deficiencias más escandalosas con mitos, ficciones y dogmas que se mantienen por pura comodidad y pereza. Por una suerte de inercia, los juristas viviríamos instalados, decía Nieto, en el conformismo y en el “seguir tirando”; algo de lo que sin duda se aprovechan los promotores (y directos beneficiarios) de la nauseabunda ley de amnistía.