El estéril debate, al menos en el plano jurídico, que no político, que se ha generado en torno a la imputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, continuó ayer generando un auténtico aluvión de pronunciamientos y declaraciones relacionadas tanto con la decisión del Alto Tribunal como con el debate abierto sobre si deben abandonar o no el escaño en el momento en que se encuentra la causa. Si están formalmente imputados, si su declaración en esta condición significa que hay indicios, o si la imputación lleva aparejada o no algún delito concreto, son algunas de las cuestiones que siguen generando multitud de opiniones.

Para introducir más incertidumbre en la cuestión, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguró ayer que la imputación de los ex presidentes es "un mero trámite", pero un trámite que resulta "necesario y obligatorio" en estas circunstancias. La imputación "no significa nada a día de hoy", puntualizó Carlos Lesmes, para quien una vez que se tome declaración a los ex presidentes "podrá haber ya decisión por parte del instructor". El presidente del Supremo subrayó que hasta ahora lo que hay en esta causa especial es una decisión del instructor de tomar declaración a los aforados, tras haber recibido una exposición razonada de la juez Alaya, y los ex presidentes "no pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado".

Frente a las manifestaciones de Carlos Lesmes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió en que los ex presidentes han sido llamados a declarar como imputados "por la supuesta comisión de unos delitos" que investiga el Supremo e insistió en que "a nadie se le llama a declarar como imputado sin delito concreto".

Catalá dijo que los delitos que se están investigando tienen que ver "con la prevaricación y la malversación" y concluyó que en este caso "hay clarísimamente una imputación en la instrucción de una causa por supuesta comisión de delitos de malversación y cohecho" y es en relación a esa investigación y a la supuesta comisión de los delitos por lo que han sido llamados como imputados Chaves y Griñán.

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, se apresuró a tratar de desactivar las afirmaciones del ministro, recurriendo para ello a sus conocimientos jurídicos como fiscal en excedencia. De Llera criticó la "poca cultura jurídica procesal" del titular de Justicia y aseguró que los ex presidentes "no están imputados" en el caso de los ERE. De Llera dijo que cuando el ministro dice que "no se imputa sin un delito" demuestra su "poca cultura jurídica procesal" o que se "está engañando a la gente". El consejero añadió que "por un delito se abre un procedimiento, pero imputar es un acto que exige un razonamiento y que, desde luego, hasta ahora no se ha dado" y además sería necesario que previamente el instructor del Supremo obtuviese el suplicatorio de las Cámaras, algo que "ni siquiera ha solicitado", por lo que pidió que "no se engañe" a los ciudadanos diciendo que los dos ex presidentes están imputados, "porque no lo están".

En cuanto a las actuaciones de las defensas ante el Tribunal Supremo, el abogado José María Mohedano, que representa a Griñán, se ha opuesto a que el Partido Popular andaluz se persone como acusación particular en la causa, con el argumento de que el PP-A no existe como tal organización política, dado que en el registro de partidos sólo consta el PP, y por ello carece de legitimación para actuar como parte.

La defensa de Griñán recurrió el pasado jueves la decisión del Alto Tribunal de obligar a que las tres acusaciones populares -Manos Limpias, PP-A y Asociación Pro Justicia Siglo XXI- actuasen en la causa bajo una misma dirección letrada. Mohedano argumenta que en la escrita del poder especial para pleitos otorgada ante notario figura el Partido Popular -no el PP-A- y en representación del mismo es en el que actúa el abogado del partido a nivel nacional. El letrado insiste en que la única formación inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior es el PP Nacional, y que en los estatutos no se hace referencia a un Partido Popular en Andalucía. "Es palmaria la insuficiencia de poder con la que ha comparecido en esta causa el recurrente, insuficiencia que es consecuencia de la inexistencia del PP en Andalucía y por lo tanto de la falta de personalidad jurídica para poder ejercitar la acción popular", concluye.