A la espera de movimientos, con la pausa exigida por su estado convaleciente de una aún reciente operación de una lesión cerebral y con tranquilidad ante lo que pueda venir. Así afronta Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, los días en los que Juan Cassá, su otrora socio de investidura, ha tomado el protagonismo político de la sexta ciudad de España. Un solo edil, sin responsabilidad municipal alguna, que con un simple movimiento ha convulsionado la Casona del Parque.

Su renuncia a la militancia en Ciudadanos, partido del que ha formado parte en los últimos años, su decisión de pasar al grupo no adscrito y la incertidumbre de posibles movimientos estratégicos en pro de una potencial moción de censura que cobra de nuevo vigencia en el arranque del mandato después de que fuese alimentada sin éxito el pasado periplo ejecutivo por el PSOE.

Las cuentas le salen a Daniel Pérez, portavoz socialista, en lo que algunos podrían entender como una especie de huida hacia delante en el intento de garantizar su supervivencia política. Su silencio guarda semejanza al que se ha autoimpuesto Cassá en los días posteriores a su anuncio. Una ausencia, la del hasta ahora portavoz de Cs en la Diputación provincial, interrumpida brevemente para participar en la última Junta de Portavoces en la institución supramunicipal celebrada vía telemática.

El mutismo de ambos no hace más que acrecentar la teoría de la conspiración, cuyo fin no sería otro que el de desbancar a quien acumula veinte años con la vara de mando. En este largo y prolijo periodo de gobierno, De la Torre no había estado tan cerca de una posible censura. Es ahora, en el que se antoja será el último tramo de su extensa carrera política, cuando parece tomar cuerpo la posibilidad de ser desbancado.

Cassá participó en la última Junta de Portavoces de la Diputación vía telemática

Según fuentes municipales, a pesar de respetar fielmente los consejos médicos que le recomiendan mantener una actividad acorde a su estado actual, De la Torre está informado. "Se le proporcionó la información que había salido en los medios de comunicación", indicaron fuentes cercanas al mandatario local, que precisaron que elude pronunciarse sobre lo que está pasando.

"De momento espera movimientos de Juan o de Cs", insistieron. Sobre la posible moción de censura, "tiene conocimiento pero está tranquilo". Y aclararon que por el momento no ha existido contacto alguno con Cassá. Aunque abrieron la puerta a "hablar con él si se mantiene firme" en su idea de no renunciar al acta. "De momento no hemos ni intentado hacer contacto ni ha habido llamada por su parte; en el anterior mandato, a pesar de los momentos de tensión, hubo una relación cordial y de fluidez", recordaron las fuentes consultadas.

Otras fuentes municipales subrayaron que el interés de De la Torre estos días está focalizado en el coronavirus y la posibilidad o no de que finalmente Málaga pueda incluirse plenamente en la fase 1 de la desescalada diseñada por el Gobierno central. Sea como fuere, y a pesar de que la atención del Ejecutivo se centra en la crisis sanitaria, no son pocos los que ven en el movimiento de Cassá el paso previo a la censura.

El escenario de incertidumbre que se abre en pleno periodo de confinamiento adquiere una dimensión superior no sólo por el valor político de cuanto pueda suceder, sino también por las dudas jurídicas existentes en relación con una posible moción de censura. Muestra de ello es que son varios los especialistas que hacen lecturas dispares respecto de la legislación existente al respecto. Y en función de las mismas se otorga o no validez a la firma de Cassá en una futurible acción.

El presidente provincial del Colegio de Secretarios e Interventores (Cosital), José de Vicente, admitió la complejidad del tema en cuestión. El punto de partida es la modificación de la Ley Electoral General, que introdujo un apartado según el cual para activar una moción de censura avalada por un concejal no adscrito se requería una mayoría absoluta reforzada. De acuerdo con la teoría, en el caso de Málaga no serían suficientes los 16 concejales que marcan esa mayoría, sino 17, al necesitarse una firma añadida a la del no adscrito.

Sin embargo, en 2017 este precepto por declarado inconstitucional. Conforme a este movimiento, todo debería quedar claro. Pero a juicio de De Vicente no es así, por cuanto el propio Tribunal Constitucional, en sus fundamentos aplazó la aplicación a después de las elecciones municipales de 2019 y aludía de manera expresa a que en ese periodo el legislador "habrá modificado la norma declarada como inconstitucional, algo que no se ha hecho".

En este punto de la cuestión, a juicio de este experto, resulta clave la posición del secretario general del Ayuntamiento en el momento en que se formule la moción, si es que llega ese día. "Será él el que comprobará si la moción reúne los requisitos", dijo. Y advirtió con la posibilidad de que al final el asunto llegue a los tribunales. "Es como una guerra, con dos bandos; el que quiere subir y el que se quiere mantener y el secretario no puede satisfacer a los dos; se produce un conflicto y lo normal es que el perjudicado acuda a los tribunales", añadió.

Al tiempo, aclaró que lo normal es que en la mayor parte de los casos el juez encargado del asunto, ante la petición de medidas cautelares, opte por no impedir un pleno de votación de la censura, para después desarrollar el pronunciamiento correspondiente.

Por el momento, desde el equipo de gobierno no se ha hecho consulta formal alguna respecto a la cuestión jurídica, más allá de la efectuada por la ahora única concejala de Cs, Noelia Losada, respecto a si la formación mantendrá el grupo municipal. La respuesta de Venancio Gutiérrez, al que restan apenas días en su puesto (ya se ha anunciado la convocatoria de designación de sustitución), según las fuentes consultadas, fue positiva.