La cuota de solidaridad que se ha inventado el Gobierno de Sánchez para sostener el sistema de pensiones no dejará a nadie indiferente. Esta semana hemos sabido que este nuevo recargo a las rentas más altas entrará en vigor el año que viene. Lo que aún no está tan claro es qué comunidades participarán en la misma y si el Ejecutivo le ha pedido permiso a sus socios independentistas para aplicarla. Nadie duda de que este nuevo gravamen se pagará en función de los ingresos de cada ciudadano, más allá de su localización geográfica, salvo que el nuevo marco económico que exigen los separatistas imponga una exención para Cataluña. Con Sánchez nunca se sabe. Y ante el desafío secesionista, con ERC y Junts relevándose en el papel de chantajistas al Estado, todo es posible.

Andalucía tendría que cambiar el chip para abandonar su papel secundario en el concierto nacional y liderar la oposición a cualquier privilegio que merme sus derechos y, por ende, el de los españoles. El Gobierno de Moreno podría defender un modelo propio que no vaya en detrimento del conjunto del país, y no quedarse nunca en un triste remedo de las exigencias catalanas. Ya puestos a copiar, mejor copiar a los que quieren cohesionar España que a aquellos que desean fragmentarla. Puigdemont y compañía no pueden marcar la agenda política de Andalucía en ningún caso. Esta tierra, con su peso demográfico, tiene potencial de sobra para llevar la iniciativa. Si la Junta logra abanderar esta empresa colectiva de los andaluces para adquirir este nuevo rango, Andalucía podría aspirar a convertirse en la locomotora de este país. Pero si los separatistas se salen con la suya, la caja común del Estado que financia las pensiones se romperá en mil pedazos. Con ello, Sánchez habría sellado el pacto de la insolidaridad, y para corregirlo nos impondría una cuota que saldría del bolsillo solidario del resto de los españoles.

Aunque parezca paradójico, los independentistas sí son partidarios de redistribuir la riqueza entre las provincias catalanas, donde a nadie se le escapa que la aportación de Barcelona o de los municipios más ricos de la Costa Brava, es mucho mayor que la de las comarcas del interior. La solidaridad que tanto rechazan entre los españoles la aplican en su territorio a pies juntillas. En Cataluña tienen claro que los impuestos los pagan los ciudadanos por igual en función de sus ingresos. Y a nadie se le ocurre discutir que lo recaudado en el barrio burgués de Gracia de Barcelona pueda beneficiar al último valle pirenaico. ¿Y por qué no a una comarca burgalesa? Veremos si el mismo Sánchez que ahora pide un esfuerzo extra a todos por igual, es capaz de lograr que sus socios entren en razón. De momento, parece que tendrá una ardua tarea junto a sus asesores para convencer a todos los españoles de las bondades de esta nueva asimetría solidaria.