Ala vivienda protegida no le salen los números mientras que, en la vivienda en alquiler, no le salen al arrendatario. Según publicaba hace unos días un periódico local, el alquiler medio de una habitación en un piso compartido ha pasado de 220 € en 2016 a 400 en 2023. Lo que supone una subida del 81,82 %. Si según los datos del INE el incremento del IPC en ese periodo en la provincia de Málaga ha sido del 24,7 % invertir en viviendas para alquilar ha sido un negocio al alza que, según un portal inmobiliario, coloca a Málaga solo por detrás de Barcelona, Palma, San Sebastián y Madrid en la tabla de las ciudades más caras de España. Con los pisos de estudiantes la situación no es mejor. La noticia que publicaba este diario hace unos días situaba su alquiler entorno a los 1.200 €. En un piso de 3 habitaciones, la cama sale a los 400 € de los que hablábamos. Y todavía hay rentabilidades mayores. Según algunas plataformas de pisos turísticos, la rentabilidad de este tipo de alquiler puede ser un 150 % mayor que el de larga temporada. Con estos datos, no extraña que Málaga haya sobrepasado recientemente las 10.000 viviendas turísticas registradas. El equivalente a 200 hoteles de 100 habitaciones.

En 1992, durante los debates del I Plan Estratégico de Málaga, se puso de manifiesto que, si la ciudad quería tener una universidad atractiva para estudiantes foráneos, debía realizar una apuesta por generar una oferta de alojamiento asequible. La idea no parece descabellada. El alquiler para estudiantes no genera problemas de impago y la introducción de esta oferta regulada en el mercado podía contribuir a atemperar los precios de otros tipos de alquiler. Sin embargo, la realidad ha sido que, ante la ausencia de la iniciativa pública, la demanda ha encontrado respuesta en el mercado y la ciudad se ha dotado de residencias privadas que, en su búsqueda de la máxima rentabilidad, llegan a pedir casi 900 € por una habitación con cocina. Lo que da respuesta a la demanda, aunque soslaya a la de menor poder adquisitivo, no atempera el mercado y traslada las plusvalías generadas por el negocio fuera de la ciudad en las que se genera.

El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional, pero confiar en que sea el mercado, regido por el interés de conseguir la máxima rentabilidad posible, quien satisfaga las necesidades de todas las capas sociales, hoy se antoja un imposible.