Que digo yo, que el precio de la vivienda no ha dejado de subir desde que se aprobó la Ley de Vivienda, sino desde mucho antes. Concretamente desde 2013, cuando el sector financiero terminó de digerir el empacho del boom inmobiliario anterior con la inestimable ayuda del dinero de todos nosotros. Periodo entre 1997 y 2007 en el que dicho precio no cesó de subir. Exactamente igual que lo hizo entre 1984 y 1991. De hecho, desde 1975, su precio describe una concatenación de parábolas en las que el punto más alto, antes de volver a caer, siempre es mayor que el máximo alcanzado en el boom anterior. Eso sí, el número de viviendas que actualmente se construyen no supera el del peor año de la crisis del 92. En lo que respecta a las viviendas de protección oficial, la diferencia es abismal. No solo casi no se construyen, sino que en comunidades como la de Madrid, el parque de viviendas públicas en alquiler se ha vendido a fondos de inversión que las han descalificado, aumentando los precios y disminuyendo la oferta de viviendas en alquiler asequible.

Gran parte de la vivienda que se construye en España, especialmente en las áreas más tensionadas, no tiene por objeto cubrir las necesidades de las familias, sino que tiene un mero carácter especulativo. Aquí, la vivienda constituye un valor seguro, rentable y con liquidez, y como tal, es un objeto de inversión seguro. Hecho que demuestra el elevado número de compras realizadas por extranjeros y el pago al contado en muchas de las operaciones. En este contexto, las compras propiciadas por la obtención de una Golden Visa no representan un número significativo cuya desaparición pueda hacer que se tambalee el sector. Como tampoco lo es el volumen de las inversiones promovidas en otros sectores de la economía española, donde estos permisos de residencia han sido mínimos.

Es harto improbable que la retirada de estos permisos de residencia tenga un especial efecto en el mercado. A lo sumo, reducirá temporalmente la demanda, y puede que el precio, de aquellas con cierto nivel que se ofertan en determinadas zonas. Pero lo que sí constituye es la eliminación de una clara discriminación por motivos económicos. El final de poder comprar la residencia en España si se tiene dinero. Y no se trata de que no se admitan pobres de solemnidad. Ni usted ni yo podríamos residir aquí porque no podemos pagar al contado una casa de 500.000 euros.