El día 1 de mayo, día del trabajo, hagamos cuentas. La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga ha convocado un concurso para elaborar el catálogo de edificios protegidos del centro de la ciudad por 85.000 euros más IVA. Supongamos que el futuro adjudicatario no ha ofertado ninguna baja económica. Si descontamos los gastos generales y el beneficio industrial que la ley establece de forma genérica en el 19%, quedan 68.850 euros para realizar el trabajo. Como la GMU establece que la catalogación se realizará en un plazo máximo de 10 meses, tras una elemental división concluimos que disponemos de un gasto mensual en personal de 6.850 euros. Lo que, tras estimar un coste medio de Seguridad Social del 30%, arroja un gasto salarial neto de 4.795 euros. Según el pliego de licitación, el equipo al que se le encargue el trabajo tendrá que estar formado por cinco arquitectos, un historiador, un informático y cinco técnicos de apoyo. 12 personas. Que, si se reparten los 4.795 euros a partes iguales, recibirán 399,58 euros al mes, pagas extras incluidas. El convenio colectivo de oficinas de estudios técnicos establece que el salario mensual mínimo de los licenciados (todos los técnicos que exige el pliego lo son, y si hay otros, engrosan el concepto de "gastos generales") es de 1.962,19 euros, extras incluidas. Lo que obliga a que los curritos de la oficina que gane el concurso no le dedique más del 20,3% de su jornada laboral: 4,5 días al mes ó 36 horas. 432, si contamos a toda la plantilla. 4.320 en los diez meses que tendrán para elaborar las 1.400 fichas que les piden y en las que, tras visitar los inmuebles, deberán aportar una investigación histórica, elaborar planos, un análisis tipológico y una evaluación del estado de conservación. A 3 horas por edificio y a razón de 49 euros por inmueble. Menos de lo que cuesta un cambio de aceite.

El 1 de mayo de 2018 sabemos qué vale para la administración catalogar el patrimonio arquitectónico del centro Málaga, Bien de Interés Cultural. Como el adjudicatario irá a la baja, su precio será aún menor. Pero aún es menor el valor que la administración le da al trabajo de los profesionales. Porque el tiempo necesario para que lo hagan es mayor y la división sale a menos. Cuando dentro de unos años nos preguntemos porque se catalogó un edificio sin valor y no se protegió otro, la respuesta será fácil: por 49 euros. La misma por la que no se protegió a decenas de trabajadores.