Cuatro juzgados de instrucción y otros cuatro penales se han embarcado en un plan piloto de mediación entre víctimas y autores de delitos. El arbitraje intrajudicial en los conflictos cuenta ya con un recorrido histórico en los asuntos de familia, en el que han jugado un papel determinante los jueces de familia. Además, la ley contempla expresamente la denominada justicia restauradora en la jurisdicción de menores para todos aquellos delitos que lleven aparejada una pena no superior a los cinco años de privación de libertad. Estas experiencias han permitido poner de manifiesto que la mediación es una inversión a largo plazo: mejora la percepción y sentimientos de la víctima ante la justicia, reduce la reincidencia y, en lo asuntos civiles, recorta la litigiosidad futura. Además, es más fácil ejecutar la sentencia y el procedimiento judicial queda reducido a su mínima expresión por lo que es más rápido y, por tanto, más barato.

Este convencimiento es el que ha animado a extender la mediación al conjunto de las jurisdicciones, aún a falta de una ley que la desarrolle y de un presupuesto económico que la financie. El proyecto piloto en los ocho juzgados de Málaga del ámbito criminal (los número 5 y 7 de instrucción y los 13 y 14 de lo penal) comenzará a mediados de septiembre, después de haber sufrido por cuestiones burocráticas un retraso de casi año y medio. Cuenta con el apoyo de la Fiscalía y la participación de cuatro asociaciones (Anfima, Soluciona, Mediamos e Intermedia) que, a través de equipos multidisciplinares con formación específica en mediación serán los que se ocuparán de sentarse con víctimas y acusados de delitos para hallar puntos de entendimiento. El juez decano de Málaga, José María Páez, impulsor de la iniciativa, también reclama el apoyo y la participación de los abogados.

Primero se hará una selección de los asuntos que "dependiendo del tipo de delito y circunstancias" parezcan susceptibles de someter a mediación, precisa José María Páez. Ese examen lo hará el juez que lo remitirá a las asociaciones, a las que se les ha facilitado para esta labor un despacho en la Ciudad de la Justicia. Los expertos de las organizaciones en intermediación, que no cobran por este servicio, tratan a partir de ahí de buscar cauces de entendimiento entre la víctima y el delincuente. Se reúnen con ambas partes por separado o juntos y tratan de averiguar qué podría restañar el daño o la ofensa de uno y de qué modo la otra parte está dispuesta a repararlo. "Esa reparación puede ser económica, pero también moral como pedir perdón o comprometerse a no hacerlo más. Cualquier opción es posible", subraya el juez decano.

No obstante, la restauración del año no significa la impunidad, sino que funciona como mero atenuante a efectos penales. Es decir, si al acusado se le atribuye un robo y alcanza un acuerdo con su víctima, él tendrá que responder penalmente por el delito que se le imputa. Ahora bien, desde el momento en que admite el delito y repara el daño gozará de los atenuantes y reducciones de condena previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los supuestos de conformidades, razón por la que también tiene que los acuerdos que se alcancen con la víctima no sólo están tutelados y amparados por el juez, sino que también tienen que contar con el visto bueno del Ministerio Público.

Una de las bondades que se le reconocen a la mediación reside en el papel y protagonismo que se le otorga a la víctima de los delitos que en el Derecho Penal ostenta un papel secundario. El juez decano de Málaga advierte que la conciliación aún cuando está abierta tanto al campo de las faltas como de los delitos, salvo determinadas conductas en las que expresamente están prohibidas como la violencia de género. Tampoco se contempla esta opción para delitos muy graves, en los que, no obstante, el acusado siempre puede cerrar un acuerdo con la Fiscalía y beneficiarse de las ventajas previstas para la conformidad de penas.