Cuatro ejercicios consecutivos de crisis económica han dejado consecuencias devastadoras en los órganos de Justicia, hasta el punto de que la jurisdicción contenciosa ha comenzado ya a señalar juicios para enero de 2015, la mercantil para el último trimestre de 2014 y en los juzgados de lo social y las secciones civiles de la Audiencia las esperas son de dos años. Las medidas esbozadas por el Gobierno como cobrar una tasa a quienes recurran los fallos judiciales, habilitar el mes de agosto o derivar a los notarios competencias para celebrar matrimonios y acordar divorcios de mutuo acuerdo son recibidas con desapego.

La judicatura recela de las separaciones notariales porque entiende que esa pérdida de la tutela judicial puede perjudicar a la parte más débil y a los menores. Se observa con escepticismo la habilitación del mes de agosto para los asuntos judiciales sobre todo porque impedirá las vacaciones de abogados y procuradores que deberán permanecer pendientes de los plazos y, aunque el pago de tasas hay sectores judiciales que lo aceptan de buen grado, otros creen que perjudicará a las personas con menos recursos.

El colapso actual responde al crecimiento exponencial de los pleitos motivados por deudas. Las empresas y las administraciones no pagan y los perjudicados acuden a los tribunales en busca de solución. Este es el origen del embotellamiento que existe en las jurisdicciones contenciosa, civil, mercantil y social. Los juzgados de lo contencioso administrativo, encargados de resolver los conflictos entre las instituciones públicas y los ciudadanos, son los más atascados. Siempre ha persistido la sospecha de que las administraciones se desentienden especialmente de estos juzgados porque son los competentes de controlar su actividad, pero en todo caso lo que sí es contrastable es que hace años que no se crean nuevos órganos en Málaga, mientras el volumen de asuntos que llegan crece sin freno. Sobre todo han aumentado las reclamaciones que interponen los funcionarios interinos para exigir a sus administraciones que les reconozcan y paguen los trienios y, en menor medida, las que formulan los proveedores acogotados por las deudas que acumulan con ellos las instituciones públicas.

Por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga, el más veterano de la capital y uno de los pocos que cuenta desde hace tiempo con una magistrada de refuerzo, tiene completa su agenda de señalamientos hasta el 29 de enero de 2015. Es decir, tarda tres años en juzgar los asuntos, demora ligeramente inferior a la que sufría a finales de 2010, cuando el tiempo medio de espera superaba los tres años y medio.

Las tres secciones civiles de la Audiencia de Málaga también sufren problemas severos de colapso. Las últimos señalamientos programados para la deliberación y el fallo de los recursos de apelación se sitúan ya en el inicio de 2014, si bien la acumulación se concentra fundamentalmente en las secciones cuarta y quinta, porque la sexta, que se ocupa en exclusiva de asuntos de familia, está programando estas citas para septiembre de este año.

Además, el volumen de asuntos civiles de la Audiencia que se quedaron sin resolver en 2011 se situaron por encima del 33%, al pasar de 2.918 a 3.907. El presidente de la Audiencia de Málaga, Antonio Alcalá, reconoce que es imprescindible crear una sección más para esta jurisdicción o, al menos, que se incorpore un quinto magistrado a cada sección. Señala que no se vivía un panorama similar desde comienzos de los años 90 y advierte que el atasco judicial "resiente el tejido económico y social" y resta seguridad jurídica al "progreso económico".

Alcalá, que observa con simpatía el pago de determinadas tasas en Justicia, "el único servicio totalmente gratuito que existe en la actualidad", recuerda que "Alemania con 80 millones de habitantes tiene 80.000 jueces, mientras que en España, con 45 millones de habitantes, hay 4.500". En su opinión es necesario modernizar las oficinas judiciales, "hacerlas digitales y eliminar papel", pero también aumentar la plantilla judicial.

Aunque el incremento de la litigiosidad por culpa de los impagos de empresas y particulares es responsable directo de la acumulación de recursos civiles en la Audiencia, los juzgados de esta jurisdicción empiezan a encontrar cierta calma. El secretario del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga, Cándido Rosales, puntualiza que el año pasado con cerca de 2.700 pleitos se registró un descenso leve de asuntos y que en este momento los señalamientos de los juicios ordinarios no se prolongan más allá de seis o siete meses y de tres en el caso de los verbales. El problema, aclara, reside en la ejecución de las sentencias que "se eternizan" por la propia complejidad de sus trámites.

El panorama en los juzgados de lo social también es malo. Las vistas orales para dirimir los despidos, que se tramitan en procedimientos de urgencia, tardan sólo unos meses, pero el resto, mayoritariamente relacionados con la reclamación de cantidades de los trabajadores a las empresas, se demoran cerca de dos años, a pesar de que se ha detecta una caída próxima a los 200 asuntos anuales desde que en 2009 se batieran el récord con cerca de 1.500 asuntos nuevos por juzgado. Los jueces de lo social lamentan que desde el plan de refuerzo que disfrutaron en 2009 la Administración se haya olvidado de del resolver los problemas que surgen entre empresas y trabajadores.

Finalmente, los juzgados de lo penal, en principio a resguardo de las adversidades económicas, tienen problemas propios. La demora en los señalamientos de los juicios se cuenta solo por meses, salvo en el caso de los número 12 y 13, especializados en violencia contra la mujer, que son los más colapsados de la jurisdicción. En este momento están señalando los juicios para mayo de 2013. No obstante, el principal problema reside en la ejecución de las sentencias, un problema que ya ha adquirido la consideración de crónico. Los últimos datos dados a conocer por el Consejo General del poder Judicial corresponden a septiembre de 2011 y en esas fechas había 27.261 sentencias pendientes de hacer cumplir. Si estos datos se comparan con los de septiembre de 2007 se aprecia que se ha producido un incremento del 45%.