"He decidido no medicarme para poder comer; hasta ahora el estómago me puede". Así de cruda fue la denuncia que ayer hizo Lola García, una mujer trasplantada de riñón. Para no rechazar el trasplante, estos pacientes tienen que tomar inmunosupresores que producen unos efectos secundarios. Ciertos enfermos, tienen a su vez que tomar unos medicamentos para combatir esos efectos adversos y la posibilidad de que el trasplante se vaya al traste.

Pero esos fármacos, cuestan unos 28 euros mensuales y fueron excluidos de la financiación pública por el medicamentazo, una medida del Gobierno que dejó fuera a 417 fármacos. Lola contaba ayer que con sus 900 euros de jubilación paga la hipoteca, los gastos fijos, la comida, unos 10 euros en la farmacia y que no le alcanza para nada más.

Ricardo Toledo, otro trasplantado de riñón, está en una situación similar. Tiene una pensión no contributiva de 357 euros. Por sus ingresos, está exento del copago de los fármacos. Pero, como Lola, también es un afectado del medicamentazo. No se puede costear las medicinas para atajar los efectos secundarios de los inmunosupresores. "Son casi 30 euros al mes y no los tengo. No los puedo pagar", aseguraba.

Los testimonios de Lola y Ricardo se escucharon ayer en la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer), durante una rueda de prensa en la que la organización dejó claro "el más absoluto desacuerdo" con el copago del transporte sanitario no urgente, una medida que previsiblemente aprobará el Gobierno el próximo jueves, que supondrá el pago de 10 a 60 euros semestrales según la renta por las ambulancias que utilizan los pacientes renales para ir a diálisis tres veces por semana y que supondrá una vuelta de tuerca más sobre sus economías, ya castigadas con el copago farmacéutico y el medicamentazo.

Lola precisó no se toma las medicinas para combatir los efectos secundarios de los inmunosupresores desde que entró en vigor el medicamentazo, en septiembre pasado. "Para ahorrar, me dieron un medicamento genérico con el que a punto estuve de perder el riñón . ¿Hasta dónde quieren llegar con nosotros los enfermos? Tengo miedo de que me sigan quitando medicamentos. Que dejen de jugar con nuestras vidas", reclamó. Los trasplantes son de las intervenciones más caras que se hacen en la sanidad pública. Por eso los pacientes argumentan que con las medidas del Gobierno se está poniendo en riesgo la vida útil de operaciones muy costosas.

José Antonio Torres esgrimió un argumento bastante repetido en los últimos meses: "Que se recorten los políticos los sueldos. ¿Por qué en vez de recortar en medicamento no recortan en coches oficiales?"

José Antonio también contó su historia. Está en diálisis, cobra una jubilación de 700 euros y tiene que ayudar a su hija y al marido que tienen dos niños y están los dos en paro. "La pensión no me llega", reconoció. Así que muchas noches, con su mujer, cena una latita de atún o un tomate picado; alimentos que los enfermos renales deben evitar por su alto contenido de potasio.

La presidenta de Alcer, Josefa Gómez, resaltó que muchos de estos pacientes tienen pensiones medias bajas, de modo que no están excluidos del copago, pero sus ingresos apenas les alcanzan para cubrir los gastos básicos. Cristina Grimaldos, de 45 años, está trasplantada. No tiene ninguna pensión porque cuando entró en diálisis con 30 años no había hecho cotizaciones. Trabaja, pero apenas gana 700 euros con los que tiene que sobrevivir. Así que su economía no deja mucho margen para copagos.

Los enfermos en diálisis tienen reconocida una discapacidad superior al 65%. Gómez denunció que el Gobierno dijo que a los discapacitados no les repercutiría el copago y que sin embargo a los pacientes renales "si les está afectando".

Rosa Fernández está en diálisis, igual que su madre. Entre las dos se dejan 100 euros mensuales en la farmacia. "Yo a la ministra la cogería del pescuezo porque después de estar mala, hay que pagar". Si el jueves sale adelante la orden, tendrán que copagar también por el transporte.