La Junta de Andalucía lleva el pulso que mantiene con el Ayuntamiento de Málaga por el Metro y su paso por la Alameda y el Paseo del Parque a niveles insospechados. Ante la negativa del equipo de gobierno del PP a autorizar cualquier solución que no sea la de ejecutar esta parte de la obra bajo tierra, la Consejería de Fomento, con su titular, Elena Cortés, al frente, da una patada hacia adelante y anuncia que este mismo mes sacará a concurso la construcción del tramo Guadalmedina-Malagueta en superficie, con un doble objetivo: iniciar los trabajos en noviembre y que el tajo esté en servicio en marzo de 2015.

La tesis expuesta ayer por el departamento autonómico choca de plano con los argumentos del alcalde, Francisco de la Torre, que tras la presentación del proyecto constructivo de la solución en superficie, insistió en oponerse "radicalmente" al mismo. La confrontación que protagonizan ambas instituciones desde que se planteó el cambio de modelo para la pieza final del ferrocarril urbano, hace ahora casi seis meses, lejos de suavizarse se ha incrementado, sin que ninguno de los socios públicos haya variado un ápice su papel de partida. Un contexto en el que la paralización de la obra se antoja como la salida más probable.

Y ello a pesar de que nadie quiere asumir esta hipótesis. Frente a la falta de concreción de citas pasadas, lo que sí quedó claro ayer es que Fomento no tiene intención alguna de paralizar la intervención, más aún ante el temor de que la concesionaria a la que se adjudicó la construcción y explotación de las líneas 1 y 2 pueda reclamarle una indemnización millonaria por no cumplir las fechas previstas en el contrato. En la línea de lo ocurrido en Sevilla, donde se exigen unos 145 millones por menos de dos años de demora. El acuerdo entre las dos partes fija para finales de 2014 o inicio de 2015 la llegada de los trenes a La Malagueta.

Para evitar este negro escenario, Cortés aludió a la necesidad de dar cumplimiento a lo comprometido, licitando este tramo final en las próximas semanas. "La única manera de que renunciemos a ello es que el Ayuntamiento presente un escrito del alcalde asumiendo las consecuencias económicas del retraso", expuso. Ello, de facto, supone que el regidor asuma abonar los 50 millones de euros que, se estima, cuesta retrasar en al menos cinco años la llegada de los trenes a La Malagueta (cálculo de 10 millones al año). O que exista un escrito de la concesionaria en la que renuncia a reclamar una compensación a la Junta.

De no cumplirse alguno de estos supuestos, Fomento seguirá adelante con sus planes. Pero, ¿puede hacerlo? No es la primera ocasión en la que el Gobierno andaluz advierte de su intención de ir más allá y de impulsar los trabajos con independencia de los permisos municipales, si bien anteriormente la amenaza nunca fue a más. Ayer, sin embargo, el viceconsejero, José Antonio García Cebrián, dejó poco espacio a la duda. "Ha habido otros ayuntamientos que han intentado paralizar obras autonómicas, y la responsabilidad por acción o por omisión recaerá sobre el Ayuntamiento", dijo.

Un extremo que, según dio a entender, se daría en Málaga conforme a los firmado por ambas partes en el convenio de 2003, según el cual "no necesitamos ninguna licencia, tenemos que conveniar los asuntos de tráfico, que están muy estudiados". "Lo que queremos es cumplir lo pactado, que pasa por licitar la obra; porque tenemos la obligación responsable de responder a un convenio, de dotar a la ciudad de una red de Metro y de cuidar el dineros público", manifestó la consejera de Fomento.

Frente al giro de tuerca realizado por la Consejería de Fomento, De la Torre no se movió un ápice de su negativa. "El proyecto que plantea la Junta es para salir del paso, para completar como sea sus compromisos de plazo y presupuesto", dijo el regidor en una discurso cargado de andanadas contra la iniciativa autonómica. Al punto de que llegó a tildar de "atentado al proyecto y modelo de ciudad" que defiende su equipo de gobierno la propuesta de atravesar el centro en superficie y advirtió al Gobierno andaluz que el camino sobre el que está transitando con esta fórmula "le va a enfrentar con la ciudad, no con el Ayuntamiento; no puede hacer una obra en contra de los ciudadanos".

Argumento que avaló con las 50.000 firmas recogidas semanas atrás en contra del tranvía en superficie y de admitir la posibilidad de convocar un referéndum para fijar la posición de la capital sobre este asunto. "No es serio", apostilló. De la Torre, interpelado por el paso adelante que plantea la Junta, habló de "falta de respeto a la ciudad, inconcebible en una sociedad democrática; es una tomadura de pelo". Además, dijo que analizará todas las herramientas jurídicas que tenga a su alcance para contrarrestar el pulso de Fomento.