Los 1.300 trabajadores de la Diputación sufrirán rebajas de pluses y prestaciones

El nuevo convenio colectivo que estos momentos se negocia en la Diputación de Málaga contempla un nuevo esfuerzo por parte de los empleados, que deberán asumir una rebaja en los pluses salariales y la suspensión de ayudas sociales de las que hasta ahora disfrutaban. La firma del acuerdo, que se extendería por dos años, podría cerrarse la próxima semana tras el acelerón en las negociaciones de las últimas semanas.

Los 1.300 trabajadores de la institución provincial sufrieron el primer varapalo tras la implantación del decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; con el que ya quedó anulado gran parte del convenio colectivo, que además desde 2007 está congelado. A esto habría que sumar ahora nuevas concesiones para las que se contempla un acuerdo de temporalidad, con la intención de recuperar, al menos parte de ellas, en un futuro. Según ha podido saber este periódico, la negociación del nuevo convenio colectivo de los trabajadores está ya prácticamente finalizada, a falta de limar algunos flecos. Con este nuevo acuerdo los pluses a los salarios base establecidos por el Estado se verán rebajados e incluso algunos de ellos suprimidos, aunque no se han concretado los que se verán afectados. De igual forma, las prestaciones sociales que vienen disfrutando los trabajadores también sufrirán cambios y la suspensión de muchas de ellas ha tenido que ser asumida por los trabajadores. Las fuentes consultadas explican que son aquellas más llamativas por las que se ha optado a la hora de hacer la concesión, por lo que a pesar de mantenerse aún en secreto, con el marco de la negociación abierto, se presupone que evidentemente la polémica ayuda de 30 euros para la adquisición de un DIU o los hasta 565 euros para prótesis dentales serán suprimidos. La única prestación social a sumar corresponde a la que va encaminada a suplir el cierre de la guardería, por lo que los empleados con hijos de hasta 3 años tendrán una bonificación para poder optar a una escuela infantil privada.

A cambio de las supresiones, las asambleas que a diario se celebran en la Diputación en las últimas semanas negocian la posibilidad de que estos recortes que serán asumidos tengan la denominación de temporales, es decir, que se pueda optar a su recuperación en el futuro. Con este objetivo, el periodo de validez del convenio que se maneja es de dos años, con la esperanza de que la institución tienda la mano a los trabajadores cuando la situación económica mejore.

La firma del nuevo convenio colectivo deberá rubricarse antes del próximo 8 de julio; de no ser así, los empleados pasarían a regirse por el Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que pasarían a perder aún más prestaciones y pluses de los que en principio se están negociando. Este es el motivo por el que la negociación, a pesar de la rebaja que supone, está a punto de cerrarse, pese a que también se había planteado la posibilidad de que una vez llegada la fecha, se concediera una prórroga del convenio actual hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio entre institución y trabajadores. Sin embargo, la Diputación rechazó este último término.

Los empleados de la Diputación, conscientes de la situación, están dispuestos a hacer ciertas concesiones y la actitud que mantienen es de total colaboración. Pero esperan lo mismo de parte de la institución y que ésta adquiera el compromiso firme de abordar una gestión seria y acorde con la rebaja que a ellos se les aplica. Con esto vienen en parte a criticar la hilera de contrataciones de asesores y personal eventual que se viene sucediendo desde la entrada del nuevo equipo de gobierno a la Diputación (Partido Popular) y algún que otro costoso proyecto de cuestionable utilidad.