'Tecnocasas', un paso más hacia el abismo

La defunción formal del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía en agosto de 2005 para recuperar la zona de los arrabales del centro histórico da un paso más. La Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar hoy, en un consejo de administración extraordinario, desestimar la petición realizada el pasado mes de junio por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) de anular el acuerdo suscrito hace ahora casi ocho años, al considerar inviable llevar adelante los objetivos marcados en el mismo. Todo ello después de que los anteriores responsables del ente, entonces dependiente de la Consejería de Obras Públicas, avalasen una por una las expropiaciones de suelo que ahora rechazan los nuevos gestores del organismo.

El paso que hoy se plasmará en la sesión de la Gerencia de Urbanismo, ya esperado, conduce irremediablemente el conflicto abierto entre ambas administraciones a la vía judicial, dado que ninguna de las dos está dispuesta a variar su posición actual. Mientras el equipo de gobierno del PP insiste en reclamar al Gobierno andaluz que asuma las obligaciones reconocidas en el convenio de 2005, incluyendo la construcción de varios cientos de tecnocasas, término empleado para aludir a viviendas de protección oficial en régimen de alquiler destinadas a jóvenes profesionales, Fomento se opone alegando que es "económicamente inviable" la promoción de VPO en las unidades de ejecución delimitadas, tanto en cuanto fueron tasadas para su enajenación como de renta libre.

Para sustentar esta afirmación, desde la consejería se alude a que parte de las cláusulas fijadas en el convenio fueron incumplidas. Si la repercusión media de la compra de un solar para VPO ronda los 140 euros el metro cuadrado, en las enajenaciones de la capital la cuantía se ha disparado hasta los 600 euros, aproximadamente. Algo que se produce, alegan desde la Junta, porque la ejecución de viviendas protegidas se vinculó a un sistema de obtención inadecuado. Asimismo, indicaron que hay parcelas que ya fueron expropiadas y pagadas a las que el Plan General de Ordenación Urbanística ya vigente rebaja sensiblemente su edificabilidad o, directamente, las reserva como zona verde o viario.

Urbanismo llega a tildar de "cuanto menos demagógico" el empleo de tales argumentos por parte de EPSA "a estas alturas de desarrollo del Pepri-Centro, tras el gran número de actuaciones expropiatorias para viviendas protegidas llevadas a cabo dentro de este ámbito y de las que ha sido beneficiaria la propia EPSA".

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, en el proceso de adquisición de suelos y edificios para desarrollar el plan de rehabilitación quedan aún por abonar por parte de la Junta del orden de 7 millones de euros a propietarios afectados, cuantía que la Administración regional sólo reconoce poco más de dos millones de euros. En este escenario, los responsables de Fomento en Málaga ya apuntan a que el siguiente paso será el de acudir a los tribunales para solicitar la anulación del acuerdo.