El puerto de San Andrés vuelve a encallar al entrar en la vía judicial

Un nuevo escollo se cruza en el ya tortuoso camino del puerto deportivo de San Andrés. Cuando todos los informes puestos a disposición de la Autoridad Portuaria de Málaga, incluido el del Consejo de Estado, allanaban la senda para impulsar antes de mediados de año un nuevo concurso público para adjudicar la concesión para la explotación y construcción de esta marina, el proceso se detiene en seco. El motivo hay que encontrarlo en la decisión del anterior concesionario del proyecto, una unión de empresas integrada por Marinas del Mediterráneo y GEA 21, de recurrir a la vía judicial el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Puerto decretando la caducidad de la concesión ante el incumplimiento de los plazos de actuación por parte del adjudicatario.

Ante este movimiento de última hora por parte de la parte privada, la institución portuaria ha optado por parar la tramitación que el propio presidente del ente, Paulino Plata, señaló a finales del año pasado, en la idea de poner en marcha el procedimiento de licitación a mediados del presente ejercicio. En este sentido, las fuentes consultadas indicaron que por prudencia se quiere esperar a conocer la resolución que adopte la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ante esta reclamación.

Y ello a pesar de que, según las mismas fuentes, la Abogacía del Estado considera que no hay razones legales para que la cuestión salga adelante conforme a los intereses del socio privado. En este sentido, tanto el pronunciamiento del Consejo de Estado como la Abogacía del Estado emitió sendos informes señalando las posibilidades de revertir la concesión, en la medida en que los concesionarios, tras hacerse con la adjudicación a finales de 2009, no habían puesto en marcha el proyecto.

Ante esta situación, y después de que el Consejo de Administración del Puerto ratificase la caducidad de la concesión, Plata barajó la idea de licitar la intervención a lo largo del primer semestre de este año. No obstante, el propio dirigente portuario aludió a la necesidad de introducir variaciones significativas en el proyecto, con el fin de potenciar el atractivo de la inversión ante los privados y equilibrar la oferta y la demanda, dado el estado actual del sector náutico.

Una de las medidas que se barajaba era ampliar la longitud de los atraques, con el fin de dar cabida a buques de hasta 50 metros, al estilo de lo ya conocido en Puerto Banús. Una iniciativa que permitiría el atraque de grandes embarcaciones recreativas y traería consigo una reducción de los espacios reservados para pequeñas embarcaciones, cuya demanda ha descendido de manera apreciable en los años de crisis. El proyecto inicial delimitaba 502 amarres para embarcaciones de hasta 30 metros, de un total de 662. Esta demanda, a juicio de los responsables portuarios, puede ser atendida con los amarres menores del Club Mediterráneo.

"El proyecto estaba concebido en los años en los que la demanda de puestos de atraques era importante y en el que la rentabilidad económica se garantiza casi exclusivamente con la venta de esos atraques", expusieron desde el Puerto, que confirmaron la existencia de varios grupos "serios" que habían mostrado su interés por esta actuación. Sin embargo, en la institución presidida por Plata asumen que sustentar sobre esta vía de ingresos una inversión estimada en entre 20 y 25 millones "es dudoso".

Por ello, una de las opciones que se manejan para mejorar las condiciones de explotación pasa por incrementar los usos terciarios y comerciales de la zona. Conforme al documento actual, para un terreno de unos 35.000 metros de suelo se permitía una edificabilidad de apenas 5.000. "Tiene que venir ayuda de otras actividades terciarias, caso de locales comerciales, restaurantes", añadieron las fuentes, que abogaron por "integrar todo lo que es la zona de San Andrés y hablar de manera conjunta también del suelo del Auditorio".

Un punto en el que, a expensas de un cambio radical en los planteamientos, el rechazo del alcalde, Francisco de la Torre, es claro. Para los responsables del Puerto, es factible pensar en la idea de que el mismo privado al que se adjudique la explotación de todo el espacio de San Andrés lleve aparejada la obligación de construir el Auditorio de la Música, aunque de unas dimensiones inferiores a lo inicialmente pensado. El coste del edificio se eleva a unos 100 millones según el diseño presente.