Los alcaldes de la comarca de la Axarquía no están solos. A las reivindicaciones de éstos para una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se han sumado los regidores de otros municipios del interior de la provincia que también se ven afectados por las imposiciones que extrema la normativa para la construcción en el suelo rústico. Así se lo hicieron saber una representación de mandatarios socialistas al consejero de Gobernación, Luis Pizarro, en la reunión que mantuvieron en el Centro Andaluz de Formación de las Industrias de Ocio de Mijas. Sus voces van encaminadas a la construcción en suelo no urbanizable bajo parámetros sostenibles con miras al turismo rural como alternativa a la agricultura, y la permisibilidad en la construcción de viviendas con criterios razonables para el desarrollo de los municipios del interior. Una postura por la que Pizarro, de momento no piensa ceder, aunque mostró su voluntad "de colaborar con los ayuntamientos" para buscar soluciones en la medida de lo posible y dentro del marco legal.

Así, tras la negativa de la Junta de Andalucía de no modificar la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, en la comarca del Guadalhorce algunos de los alcaldes de los municipios se han mostrado de acuerdo con la crítica realizada por los regidores de la Axarquía. Es el caso del primer edil de Cártama, José Garrido (PSOE), que afirmó sentirse "totalmente identificado" con el problema que tienen los alcaldes de la Axarquía y "otros muchos municipios de la provincia". Garrido también consideró que es necesaria una modificación para que los procedimientos no se lleven por la vía penal. Esta es otra de las grandes preocupaciones de los regidores axárquicos que esta semana se han encontrado con la condena del alcalde de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), a un año de prisión por la concesión de un licencia en suelo no urbanizable, y la petición de la Fiscalía de José Manuel Aranda, Canillas de Aceituno (PSOE), por emitir también una licencia en terrenos rústicos. "Es un disparate que por un expediente donde se comete un error se pueda pedir cárcel para un funcionario, un técnico o un concejal", señaló el alcalde de Cártama que puntualizó la diferencia que hay que hacer entre un error administrativo y otros tipos de delitos como cohecho. El alcalde de Álora, José Sánchez (PSOE), no quiso hacer declaraciones al respecto y señaló que se trató de una reunión interna de partido.

Por su parte, los alcaldes socialistas de la Serranía de Ronda tienen previsto reunirse próximamente para aunar criterios sobre la situación legal del urbanismo. No obstante, el sentir mayoritario pone de relieve la "indefensión" de los alcaldes ante los temas urbanísticos, ya que los vecinos no entienden que se haya pasado de permitir construcciones en el campo a una restricción casi absoluta.

En este sentido, el alcalde socialista de Júzcar, David Fernández, señalaba que "creo que debe haber un punto intermedio", aunque en su caso optó por no conceder licencias de aperos ante las dudas legales existentes. En un sentido parecido también se pronuncio el alcalde de El Burgo, José Joaquín García (IU) quien dijo que "la ley debe ser flexible, porque no podemos pasar del todo al nada".