La presión de la Gerencia de Urbanismo al promotor del centro hispano-ruso, Vladimir Beniachvili, continúa. Transcurridos doce años desde que el empresario ejecutase las primeras obras irregulares en su vivienda, en Pinares de San Antón, sin que el asunto provocase multa alguna, en los últimos meses son ya diez las notificaciones sancionadoras que ha remitido el departamento municipal.

La mayor parte, cinco, vinculadas con las construcciones que ha venido realizando desde 1999 sin autorización para ello y, en buena medida, sobre suelo no urbanizable, levantando, entre otros, una cafetería, once apartamentos, un gimnasio, varias saunas y cinco viviendas más. El resto están relacionadas con un movimiento de tierra efectuado también sin licencia para ello a finales del pasado mes de abril. La traducción económica de estas acciones supone una cuantía para nada baladí: casi 505.000 euros. Una cifra, no obstante, que sigue alejada de la valoración que los técnicos de Urbanismo hicieron de las obras irregulares de Beniachvili y que se calcula en unos 780.000 euros.

La jefa de Disciplina, Teresa Domingo, informó a este periódico de que las últimas notificaciones tuvieron lugar recientemente, con una quinta multa de 78.953 euros ante la negativa del infractor a restituir lo ejecutado sin licencia, y cuatro por no reponer a la normalidad la zona afectada por un desmonte efectuado en su finca. A este listado hay que agregar otra penalización de 90.000 euros precisamente por haber desarrollado esta última intervención sin licencia para ello.

Da la impresión que las últimas maniobras municipales pueden empezar a tener efectos sobre el promotor. Al menos se interpreta después de que su actual abogado, Fernando Taboada, haya registrado un escrito en Urbanismo en el que vendría a mostrar la disposición de su cliente a colaborar y a demoler. "Se trata de una declaración de intención, porque no está avalada en documentos técnicos", dijo Domingo con ciertas reservas.

A la tardanza municipal en actuar contra las evidentes acciones irregulares del promotor, cabe sumar una escasa acción en el ámbito judicial. No ha sido hasta hace apenas unas semanas cuando un jugado ha dictado la primera condena contra el empresario. Aunque la misma tiene más carácter simbólico y nada tiene que ver con las obras ejecutadas en su vivienda, sino con una falta de desobediencia al esquivar el precinto que la Policía Local fijó en la zona donde había realizado el movimiento de tierras sin permiso. La decisión de juzgado se tradujo en la imposición de un pago de 15 euros diarios, durante 50 jornadas, lo que equivale a 750 euros.