A punto de entrar en vigor el decreto de la Junta de Andalucía que obligará a cambiar la estructura de las empresas públicas andaluzas, la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, ha sufrido cambios en su cúpula en la provincia de Málaga. Pedro Cortés, el que durante siete años había desempeñado la función de gerente provincial de la empresa, ha sido cesado y sustituido por un abogado malagueño de apenas 29 años que trabajó para el PSOE.

La decisión fue adoptada el pasado martes, aunque el Gobierno autonómico no tenía intención de hacerlo público hasta finales de mes. La propia delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, confirmó a este periódico la destitución de Cortés que todo apunta a que ocupará un puesto de mayor responsabilidad dentro de la misma empresa pública.

Y, aunque hay quienes apuntan a este cese como una maniobra política de cara a las próximas elecciones, la delegada provincial insistió en que se trata de "un simple cambio" motivado por la entrada en vigor del decreto ley 6/2010 de la Junta de Andalucía por la figura de los gerentes de las empresas públicas desaparecerá y serán sustituidos por meros coordinadores, ya que la responsabilidad pasará a mano de los propios delegados provinciales en los diferentes ámbitos.

En la empresa pública Egmasa en Málaga, constituida en 1989 y adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, ese papel lo desempeñará a partir de ahora el abogado Carlos Cañavate de León. Según ha podido saber este periódico, el nuevo gerente de la empresa ambiental fue el letrado que representó al secretario general del PSOE de Marbella y consejero delegado de la empresa pública de abastecimiento de agua de la Costa del Sol (Acosol), José Bernal, en la querella criminal que interpuso contra la portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz García, por presuntas calumnias en septiembre de 2009.

La concejal popular aseguró en una rueda de prensa que el líder socialista marbellí de aprovechar su posición como consejero delegado de la empresa pública para supuestamente utilizar dinero público en beneficio propio y para sufragar publicaciones y propaganda política de su partido.

Sin conocida experiencia en la materia, el joven abogado, con el que este periódico intentó ponerse en contacto sin éxito, será quien asuma la responsabilidad de la gestión de la empresa pública Egmasa en Málaga, que cuenta con más de 600 empleados públicos y que mueve un presupuesto anual de entre 20 y 30 millones de euros.