Imputan a Roca por las obras de la desaladora

El juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha imputado al ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, los delitos de malversación, apropiación indebida, fraude y prevaricación administrativa, por haberse apropiado presuntamente de "forma indebida" de 871.467 euros que iban destinados a la expropiación de los terrenos donde se construyó la desaladora. Mientras, al ex asesor jurídico de Jesús Gil José Luis Sierra se le responsabiliza de "haber creado un entramado societario" para que la dirección de las obras recayese en una empresa privada, con el fin de evitar una fiscalización pública, y se le imputan los delitos de malversación, fraude y prevaricación administrativa, según informó ayer la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Los hechos se remontan a 1995, cuando siendo presidente de la Mancomunidad el ya fallecido Jesús Gil, se aprobó en noviembre de ese año por vía de emergencia, dada la situación de sequía, la construcción de la desaladora, que se realizó "sobre los terrenos de una serie de particulares".

Así, el ente mancomunado solicitó al Ayuntamiento de Marbella que iniciara un proceso de expropiación de los citados terrenos -tal y como se recoge en el acuerdo plenario del 14/3/1996-, por el que los mismos pasarían a ser titularidad de la Mancomunidad una vez finalizado el proceso. Posteriormente, el consistorio decidió pasar los terrenos a "titularidad municipal", aspecto que nunca fue comunicado a la Comisión Gestora de la institución supramunicipal, lo que ha generado confusiones.

Por otro lado, Decosol, empresa a la que inicialmente se le adjudicó la construcción de la desaladora, dio a la empresa Planeamiento 2000 SL, cuyo gerente era Juan Antonio Roca, una cantidad para que se llevase a cabo el proceso de expropiación.

El auto estima que Roca, con la complicidad del por entonces consejero de la empresa pública de aguas Acosol -también implicada en la construcción de la desaladora-, José Luis Sierra, se quedó con al menos 871.467 euros del dinero destinado a la expropiación, lo que ha creado un perjuicio a la Mancomunidad y a los propietarios de los terrenos expropiados.

El Ayuntamiento de Marbella declaró que nunca recibió tal cantidad para la expropiación, y el auto apunta a una serie de hechos que corroboran que de la cuenta de Planeamiento 2000 SL, "estas cantidades fueron presuntamente a parar a manos de Roca". En cuanto a la adjudicación de las obras de la desaladora, el auto apunta a que se creó un entramado para que la adjudicataria final, a través de varias subcontratas, fuera una empresa de capital privado, lo que "facilitaba la ocultación de actuaciones y cobros en beneficio exclusivo de los imputados".