El fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez-Villarejo aseguró ayer en el juicio por el caso Minutas que no existe "constancia documental" del trabajo que realizó el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, para el Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003. Jesús Gil contrató a Del Nido para que dirigiera la estrategia municipal durante la fiscalización que abordó el Tribunal de Cuentas de la contabilidad municipal. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que ni existen documentos que avalen el trabajo que realizó ni, en realidad, éste era necesario.

Francisco Jiménez-Villarejo, que ya ha consumido tres sesiones exponiendo su informe final contra el letrado sevillano y otras 18 personas imputadas en esta causa, repasó ayer con minuciosidad 18 minutas, de las que destacó "su máxima inconcreción tanto en el encargo como en el trabajo realizado".

El representante del Ministerio Público afirmó que se pretendían justificar unos honorarios cuantiosos en simples "faxes reenviados desde el Ayuntamiento por Julián Muñoz", alcalde accidental, también acusado en este procedimiento. Para la Fiscalía Anticorrupción, "no hay referencia escrita del trabajo del señor Del Nido como asesor jurídico", salvo esos faxes "que son inconcretos". Y agregó que esos documentos "son insuficientes para justificar un trabajo tan generosamente pagado". La acusación también analizó los faxes remitidos por él al Tribunal de Cuentas "sin documentación", sobre los que ha dicho que "no justifican la facturación en concepto de fiscalización". El fiscal fue especialmente crítico al argumentar que la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella fue utilizada como excusa para el enriquecimiento injusto "de determinados asesores externos", en alusión al abogado y presidente del Sevilla. En este sentido, subrayó que los miembros del Tribunal de Cuentas que acudieron como testigos al juicio dijeron que no hubo "reuniones en Madrid ni en Marbella" con él.

En esta misma línea, precisó que Del Nido facturó por la fiscalización de sociedades "que no tenían actividad", al tiempo que puso en entredicho la labor que supuestamente ejerció en defensa del Ayuntamiento durante el control que realizó el Tribunal de Cuentas porque "no es competencia de un abogado el acelerar la celebración de juntas generales porque exista una fiscalización", entre otras cosas porque no se trata de actuar como si se tratara de una inspección tributaria.