Ha sido uno de los casos de maltrato animal que más ha conmocionado a la opinión pública, y la sentencia que condena a los responsables de aquella barbarie un importante espaldarazo a la protección de los animales que juristas, veterinarios y colectivos confían en que marque un antes y un después en la consideración de este tipo de delitos. Pero, sobre todo, esperan que el fallo del Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga contra la responsable de Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, que exterminó durante años a cientos de animales para su lucro personal, sirva para propiciar un endurecimiento de la pena, que unos y otros coinciden en que son claramente insuficientes para lo que ocurría tras las paredes de la llamada Protectora de los horrores.

A casi cuatro años de prisión ha sido condenada la todavía presidenta de la Asociación para la Protección y defensa de los Animales Parque Animal, Carmen Marín, en una sentencia considerada histórica. Pero la realidad es que la pena por el sacrificio masivo y sistemático de perros y gatos durante años apenas le ha supuesto una pena de un año de prisión, el máximo que establecía el artículo 337 del Código Penal para los casos de maltrato animal cuando se produjeron los hechos. El grueso de la condena, en cambio, se ha debido a un delito continuado de falsedad documental.

El propio juez en su sentencia incluía que sería deseable la tramitación de un proyecto de ley para modificar este artículo e incorporar un subtipo agravado de este delito que contemplase una elevación de la una en uno o dos grados cuando los hechos revertiesen gravedad o tuvieran lugar en centros o establecimientos dedicados a la protección y defensa de los animales, como es el caso de Parque Animal. Eso permitiría, a su juicio, "dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos similares" respecto de los que la pena máxima permitida de conformidad con el actual Código Penal tiene un límite de 18 meses a raíz de la reforma de julio de 2015.

Esa reivindicación la abandera desde hace años el delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga, Fernando Benítez, que ha llevado la acusación en la causa de Parque Anima y que considera que la pena prevista en el Código Penal para el maltrato animal "se queda muy corta y es claramente desproporcionada para casos como éste cuando no se puede cuantificar el número de animales sacrificados y cuando además lo hacen las personas encargadas precisamente de velar por el bienestar de éstos". La petición del fiscal que recoge el juez en su fallo supondría que a la pena máxima de 18 meses contemplada en el actual artículo 337 del Código Penal se le podrían sumar nueve meses más si se eleva un grado, lo que supondrían condenas de hasta 27 meses en delitos de maltrato animal como el que ha quedado probado en las instalaciones de Parque Animal de Torremolinos.

También Rosa Monter, coordinadora de la sección de Derechos y Bienestar Animal creada por el Colegio de Abogados de Málaga y que es la primera de Andalucía y de las primeras de España, estimó necesario crear un tipo delictivo específico "para que la persona condenada vaya directamente a prisión en casos de maltrato masivo y grave como éste".

No obstante, el fiscal considera que la sentencia marcará un antes y un después porque "hasta ahora era un terreno inexplorado" y, en su opinión, supone "un cambio cualitativo porque nunca se había puesto el foco de atención en la gestión de entidades públicas o privadas dedicadas al cuidado de animales al darse por hecho que obraban con buenas prácticas". Ahora, en cambio, añadió que se fija una línea a seguir y "un precedente muy importante para cambiar el funcionamiento de muchas cosas".

Los colectivos, tanto de animalistas como afectados por Parque Animal, coinciden en que es el momento de cambiar las cosas. La presidenta de la Asociación Afectados Parque Animal, Ana Fernández, que ha ejercido de acusación particular en esta causa, mostró una alegría contenida ante la sentencia dada a conocer el lunes contra Carmen Marín y su colaborador Felipe Barco por entender que "no podemos estar plenamente contentos cuando por matar a más de 2.000 animales le cae una pena de un año de cárcel", aunque sí dijo estar satisfecha "en cuanto a que es lo máximo que se puede conseguir en este país.

Según esta afectada, que agradeció "la profesionalidad y sensibilidad demostrada por el fiscal en este caso", tampoco las multas a las que ha sido condenada la responsable de Parque Animal, 10.800 euros por el delito de intrusismo profesional y 9.000 euros por el de falsedad documental, son "suficientes" y las calificó de "ridiculez" al considerar que "le ha salido barato matar a tantos animales". El endurecimiento de las penas por maltrato es una petición a la que el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, también personado en este caso, Antonio Villalba, se suma puesto que "no puede considerarse igual el maltrato puntual a un animal que por norma sacrificar animales de forma indiscriminada para lucrarse".

Era lo que el Colectivo contra el Maltrato Animal de Málaga (Cacma), el primero en personarse como acusación popular por el exterminio en Parque Animal, exigía contra la responsable de la protectora condenada y era "multiplicar la pena por la reiteración de los hechos durante años porque hay jurisprudencia para ello".

La propia sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga considera que el Código Penal está "muy encorsetado porque está constreñido por unas normas absolutamente cortas" y su presidenta, Carmen Manzano, aseguró que "es el momento para estos hechos tan deleznables tengan una consideración aparte".Pese a todo, el presidente de la protectora El Refugio, Nacho Paunero, que también ha ejercido la acusación popular en este caso, calificó de "histórica y ejemplar" la condena a la responsable de Parque Animal de Torremolinos y señaló que "hoy [por el lunes] es un día histórico para todos los que nos dedicamos a proteger a los animales en España".

Con esta condena, aseguró que el colectivo que lleva 20 años "denunciando a presuntos maltratadores" siente "orgullo al comprobar que la justicia condena severamente el maltrato animal". En ese sentido, confió en que la Audiencia de Málaga "ratifique la sentencia" y aprovechó para agradecer la labor de investigación al equipo del Seprona de la Guardia Civil que destapó este asunto hace ya más de seis años.