El conflicto que protagonizan desde hace meses el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía en torno al acuerdo que asumieron en noviembre de 2013 por llevar el Metro en superficie hasta el Hospital Civil y la más que previsible deriva judicial a la que se verá abocado hacen que ambas instituciones aborden el asunto con pies de plomo. Tanto es así que los dos actores públicos tratan de evitar a toda costa dar un paso en falso que pueda afectarles a medio y largo plazo en la defensa de sus intereses en los tribunales.

Esta circunstancia quedó impresa en el devenir de la comisión mixta celebrada el pasado viernes y que, tras más de cuatro horas de encuentro, concluyó sin acuerdo en relación a la definición final del suburbano y sin que el Consistorio constatase oficialmente su negativa a apoyar la prolongación a ras de calle del ramal procedente de Carretera de Cádiz hacia la zona norte. Sobre ello, fuentes próximas al encuentro señalaron: "No quieren posicionarse, se están cuidando; hay una batalla jurídica y no pueden ir más allá de enseñar informes sectoriales, pero como institución no van a decir nunca no al tranvía". Este mensaje coincide con el expresado por el propio consejero en la rueda de prensa del viernes, cuando admitió haberle pedido al alcalde, Francisco de la Torre, un pronunciamiento formal sobre su aceptación o rechazo al proyecto, sin que se produjese.

Lo único que fue consensuado fue la idea de aplazar a Navidades la decisión final, dejando en manos de un equipo integrado por tres técnicos de cada institución el análisis de un último informe jurídico elaborado por el Ayuntamiento sobre la viabilidad del Metrobús y su encaje legal dentro del protocolo suscrito hace ahora tres años.

Es justamente este punto el que, a toda costa, la Administración regional quiere anular. Hasta la fecha, las consultas jurídicas dadas a conocer por la Consejería de Fomento han sido taxativas respecto a la inviabilidad de relacionar la apuesta municipal con la explotación del Metro, algo en lo que llegó a encontrar la alianza de los socios privados responsables del funcionamiento del suburbano. El consejero del ramo opta ahora por abrir la mano y ceder ante la última propuesta del regidor. Según las fuentes consultadas, lo hizo en la necesidad de agotar al máximo las oportunidades de conciliación con el equipo de gobierno del PP, con el fin de que no se traslade la idea de que se rompe la vía de la negociación sin haber hecho todo lo posible antes.

A este argumento se añade un segundo elemento a considerar ante la más que previsible "batalla jurídica" en la que acabará la confrontación por el Metro al Civil. "Lo cierto es que todo el mundo trata de cubrirse las espaldas", admitieron fuentes próximas al último cónclave del Metro. En este punto, en el seno del Consistorio se trata de defender que la propuesta por el Metrobús fue anterior a la firma del protocolo de intenciones que, a ojos de la Junta, podría incumplir el Ayuntamiento en el caso de que bloquee el tranvía por Eugenio Gross y Blas de Lezo. Por ello, fuentes municipales incidieron en que esta alternativa sí respetaría el protocolo.

En ese caso, el escollo con el que se toparía la Administración regional a la hora de exigir que el Consistorio asumiese el descalabro patrimonial que implicaría la no llegada al Civil y la no suma de los 3 millones de viajeros estimados, sería enorme. Frente a esta tesis, en Fomento insisten en cuestionar la viabilidad legal de que la adjudicataria original del Metro asuma la explotación de un ramal de autobuses como sustitutivo de un ramal ferroviario. "Eso es algo que altera absolutamente el objeto de la concesión, rompería las reglas de juego del contrato original", expusieron las fuentes consultadas, que añadieron: "lo que se haría sería una subcontratación de Metro Málaga a la EMT".

Lo previsible es que las posiciones se mantengan firmes hasta navidades y después de navidades. En ese escenario, la Junta irá a la declaración del interés metropolitano del Metro al Civil, lo que le habilita a seguir adelante con el proyecto sin necesidad de autorización municipal. Con ello, abriría la puerta a licitar la obra. ¿Qué hará en ese momento el Ayuntamiento? Eso es lo que espera conocer Fomento.