Francisco Javier Urquía ya no es juez. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo expulsó ayer de la carrera judicial, después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena a dos años de cárcel y penas de 10 y de 7 años de inhabilitación por prevaricación y cohecho. Así lo han confirmado fuentes del CGPJ, tras la reunión mantenida ayer por la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha adoptado el acuerdo de ejecutar la sentencia del Supremo.

El 1 de marzo el Alto Tribunal ratificó la pena de cárcel e inhabilitación que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impuso a Urquía por pedir dinero a través de un amigo a uno de los imputados en la operación Hidalgo, a quien después dejó en libertad provisional.

La sentencia rebajó la multa al juez por el delito de prevaricación al entender que no había sido continuada, aunque confirmó la pena de dos años de cárcel y de 10 y 7 años de inhabilitación a la que le condenó el TSJA por ambos delitos.