Más de cinco años entre un caso y otro. Pero con los mismos protagonistas, animales abandonados y perdidos, y con un modus operandi fijado por sus responsables para enriquecerse a su costa bajo el amparo de una supuesta asociación sin ánimo lucro. Muchas similitudes entre el caso de la llamada Protectora de los Horrores de Parque Animal de Torremolinos, destapado en noviembre de 2010 y cuyo juicio contra su responsable, Carmen Marín, se celebrará en noviembre de este año, y la Sociedad Amigos de los Animales Triple A de Marbella, donde hace apenas unas semanas la Guardia Civil arrestaba a cuatro personas e investiga a otras 13 más por su presunta participación en otra trama con tintes parecidos. Y también algunas coincidencias curiosas entre ambas asociaciones que, cuando menos, llaman la atención.

Hasta ahora nada de lo que se ha dado a conocer de la reciente investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga indica que haya una conexión directa entre ambos casos. Lo que sí es seguro es que, al menos, mantenían una buena relación a tenor de lo que se desprende de los estatutos de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales Parque Animal de Torremolinos. Sin ir más lejos, en su artículo 37 se establecen que en el caso de la disolución de ese colectivo y si en el momento de la liquidación hubiera un remanente deberá destinarse "a las instituciones benéficas o asistenciales de la misma finalidad que la regulada por estos estatutos, en este caso particular a la Sociedad Amigos de los animales Triple A de Marbella, así como los animales que en dicho momento se encuentren bajo el amparo de esta asociación".

Es indudable que antes de que la Guardia Civil sacara a la luz los horrores que presuntamente se vivían tras las paredes de dos asociaciones aparentemente amantes de los animales, las dos gozaban de un prestigio consolidado y aplaudido por el supuesto trato que daban a las mascotas que recibían. Eso les hizo ganarse la confianza de numerosos donantes que no dudaron en ofrecer su dinero e incluso sus bienes para contribuir a que los animales que custodiaban tuvieran una vida digna. Pero también subvenciones públicas, ya que Parque Animal tenía un convenio con el Ayuntamiento de Torremolinos y la Triple A con el de Marbella.

De ahí que en ambos casos se mezclen el presunto delito de maltrato animal, por un lado, y los económicos, por otro, asociados a la actividad que desarrollaban. En el caso de Parque Animal, la investigación por los segundos continúa, aunque los investigadores calculan que la presidenta y su entorno familiar pudieron gastar unos 375.831,08 euros procedentes de las cuentas bancarias de la protectora de animales entre 2008 y 2010 en compras que nada tenían que ver con la actividad del colectivo. Viajes al extranjero, hospedaje en hoteles en parte de España, gimnasios, centros comerciales, restaurantes, clases de autoescuela, coches y tratamientos de spa son sólo algunos ejemplos.

De lo que hasta el momento ha trascendido de la investigación sobre la Triple A, también se deduce cierto oscurantismo en los fines del dinero que recibía por actividades no permitidas. Y es que, según informó la propia Guardia Civil, los animales de raza y de pequeño tamaño, muy demandados para la adopción en países del norte de Europa, "nunca eran sacrificados, sino que se enviaban rápidamente a estos países para su adopción".

Al parecer, estas adopciones generaban unos ingresos que rondaban entre los 300 y 350 euros por animal, "dinero que no retornaba a España para el mantenimiento de la Protectora". La asociación, además, presuntamente desviaba los fondos a fines distintos a los estipulados en sus estatutos, como cenas, comidas y ropa, y que eran incluidos como gastos en la contabilidad.

Supuestamente también el envío de animales fuera de España se realizaba sin respetar los plazos establecidos por la normativa vigente y sin dar la oportunidad a los legítimos propietarios de recuperación de los animales, según la investigación del Seprona. "Incluso mentían diciendo que los animales no estaban en las instalaciones, extrayendo los microchips de animales con dueños conocidos para implantarles otros y poder darlos en adopción", cuentan.

Pero en lo que verdaderamente existen coincidencias es en el presunto maltrato animal por el que se investiga a la de Marbella y por la que se juzgará a la responsable de Parque Animal dentro de unos meses. La investigación de la Triple A, que comenzó el pasado mes de noviembre tras la denuncia de varios particulares bajo la operación Tribet, ha determinado que la protectora realizaba presuntamente el sacrificio de animales "sin ningún tipo de criterio clínico, sin anestesia previa y en algunos casos aplicando el producto Eutanax en dosis inadecuadas, lo que provocaba sufrimiento para el animal". Además, supuestamente sacrificaban animales sanos, incluso muchos cachorros de perros y gatos que serían fácilmente adoptables, con el fin de ahorrar costes.

Los agentes determinaron que estos sacrificios eran realizados por personal no facultativo para prácticas veterinarias, por lo que también se les acusa de expedir recetas veterinarias utilizando un sello oficial y falsificando la firma del veterinario o las rabias en los pasaportes de los animales para que pudieran viajar al extranjero.

Lo más llamativo es que la Protectora de animales Triple A, que se dedica desde hace 25 años a la recogida de animales abandonados y perdidos en las zonas de Marbella y San Pedro de Alcántara, se publicita como una organización benéfica que "ofrece una espera digna mientras se encuentra un hogar para ellos". Además era notoriamente conocida por su política de sacrificio cero, causa por lo que había recibido grandes elogios de particulares y colectivos y numerosas ayudas y donativos de personas que "eran engañadas con este tipo de publicidad", según el Seprona.

En el caso de Parque Animal, la detención de la presidenta, Carmen Marín, y dos de sus empleados en noviembre de 2010 destapó la caja de Pandora de lo que se convertiría en uno de los mayores casos de presunto sacrificio masivo de animales de España. El espeluznante relato de un veterinario que estuvo trabajando en el centro fue el germen de la llamada operación Óbito que llevó a cabo el Seprona.

La investigación iniciada entonces reveló que tanto la directora del centro como el encargado sacrificaban presuntamente a los animales que recibían "de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada". Unos 2.865 son los perros y gatos que la Guardia Civil pudieron demostrar que murieron tras inyectarle una cantidad insuficiente de un producto eutanásico llamado Dolethal para supuestamente ahorrar costes y sin ningún tipo de control veterinario.

La necropsia practicada a algunos de los animales concluyó que llegaban a agonizar durante más de media hora en algunos casos y que muchos eran guardados en congeladores cuando aún estaban vivos. Lo que más conmoción generó entre la sociedad fue que muchos de estos animales habían sido entregados de forma temporal al centro y sus propietarios creían que estaban en manos de familias de acogida.