Al iniciarse en esta semana la vista oral del juicio de los ERE se tiene la sensación de que la verdad judicial llegará tarde para esclarecer hechos y comportamientos sobre los que la ciudadanía hace tiempo que se forjó su particular verdad. Es lógico que el obligado rigor que se espera de los órganos judiciales no puedan competir con la celeridad informativa que los medios de comunicación reclaman. Pero conocido este inevitable desfase, al menos la prudencia debería aconsejar no precipitarse a la hora de dictaminar culpabilidades antes de que los tribunales lo decidan. Tanto se ha informado y especulado sobre el caso de los ERE de Andalucía que ya queda poco que desvelar. Han sido siete años de una instrucción peculiar y polémica, con discutidos fraccionamientos de los expedientes y con relevos en las titulares de la instrucción e imputaciones llamativas como para pensar que algo nuevo pueda sorprendernos. Está claro que a las puertas de este juicio, que también se espera largo, no solo aparecen las posiciones encontradas de la defensa y la acusación, como es lógico y obligado, sino que los medios de comunicación y los partido políticos y por tanto la opinión pública también aparecen divididos y expectantes en busca de que los jueces confirmen su propia teoría que, por otra parte, ya públicamente han proclamado. Ante tanta discrepancia, sería conveniente que los medios hicieran un esfuerzo de realizar un acercamiento lo más objetivo posible a la realidad y establecieran algunas verdades comunes que clarificarían bastante la situación. Para empezar no parece que este procedimiento signifique un juicio a 20 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Este puede ser un titular atractivo, pero poco respetuoso con la verdad, ya que las pretensiones judiciales son bastante más modestas. Se trata de ver si en un determinado procedimiento de cuantiosas subvenciones a prejubilados se conculcó la legislación y si esto se hizo de forma consciente y acordada. Por otro lado, sería bueno proclamar en honor a la verdad que en todo lo actuado y recogido en más de un millón de folios no aparece ni acusación ni prueba ni indicio alguno de que las supuestas anomalías significaron enriquecimiento personal para los principales procesados ni para el partido político que los apoyaba. No debería parecer muy difícil llegar a estas conclusiones previas pero mucho me temo que tanto se ha apostado políticamente en este envite judicial que ni siquiera después de la sentencia habrá aceptación de lo evidente.

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