Corren malos tiempos para la justicia. Nunca ha sido fácil el encaje de este poder del Estado de Derecho con el resto de la estructura institucional. Aquí, como en muchos otros países, no se ha encontrado el equilibrio perfecto entre su exigible independencia y la necesidad de que este poder emane de la soberanía nacional. Conjugar estos dos principios sin que haya contaminación de los partidos políticos ni entrega al corporativismo profesional sigue siendo una asignatura pendiente.

Pero en estos días, a la sombra de dos sentencias hemos asistidos a una cascada de críticas, descalificaciones y ataques que no siempre han estado presididas por el rigor y el conocimiento. Además, como este poder tiene establecido la obligación del silencio y los jueces, más allá de sus sentencias, ni pueden explicar ni defenderse ante los ataques que sus decisiones reciben, se ha encontrado un magnífico campo para que opinadores, tertulianos y políticos puedan campar a sus anchas sin encontrar, por regla general, nadie que les replique. Pertenezco al grupo de ciudadanos que ha sentido decepción ante las bajas penas impuesta en el caso Noos, pero reconozco que me falta conocimiento del sumario y sapiencia jurídica para determinar si en la cascadas de irregulares analizadas existía además malversación de fondos públicos. Por eso me abstengo de criticarlos y, sobre todo, porque entiendo que las sentencias no van encaminadas a satisfacer la indignación de la opinión pública ni el sentimiento de venganza.

Lo mismo, la decisión de no enviar a la cárcel a Blesa y Rato, aunque frustre expectativas sociales no pueden achacarse a la falta de independencia del tribunal que lo ha decidido. Me imagino que todas las agrias críticas recibidas se tornarán en reconocimiento de errores por aquellos que las han expresado, cuando los condenados, llegado el momento y con sentencia firme, no hayan huído de la acción de la justicia e ingresen en prisión. Pero no teman, nadie reconocerá su equivocación ni intentarán reparar el daño causado a la justicia. Si a esto añadimos las aberraciones proferidas por algunos dirigentes políticos que no han querido distinguir entre sentencia firme y recurrida y han comparado situaciones distintas porque creen que así su demagogia tiene más impacto en los ciudadanos, llegamos a la más completa confusión. Es cierto que la justicia española está mal, y por muchas razones, pero estos ataques desproporcionados, faltos de rigor, ventajistas y demagógicos no ayudan a mejorarla. Todo lo contrario.