A Moreno Bonilla le ha producido alivio la sentencia condenatoria a penas de cárcel a José Antonio Griñán y a ocho ex altos cargos del gobierno andaluz. A mí, en cambio, me ha producido desasosiego y rabia. Tanto por conocer a los condenados, a algunos de ellos lo suficiente para no tener la menor duda de su honradez, como por el sesgo político-judicial y mediático que desde sus orígenes ha viciado este asunto. No en vano es conocida como pieza política. La instrucción partió de una conjetura de la jueza Alaya: el sistema de ayudas no se instrumentó para facilitar a trabajadores y empresas en crisis el acceso a los fondos, sino como una conspiración orquestada por el gobierno para delinquir. Un juicio de intenciones que confunde deliberadamente las consecuencias con las causas. Esa frágil base acusatoria sostiene el enorme peso de las posteriores sentencias. Jueza y fiscal elaboraron un relato, más que una instrucción, para que quedara validada la previa hipótesis conspirativa. De hecho, cuando la jueza sustituta Núñez Bolaños cuestionó aspectos de dicha instrucción fue perseguida con saña por la fiscalía, hasta verse obligada a pedir la baja médica. Finalmente, a pesar de que el CGPJ rechazó las graves acusaciones del fiscal, la jueza abandonó el caso, consiguiendo sus falsos acusadores lo que perseguían: apartarla de la instrucción.

Más que el mayor asunto de corrupción es el primero en el que los condenados ni se lucraron personalmente, ni financiaron su partido. ¿Cuál fue entonces el móvil para la conspiración delictiva, crear una red clientelar para ganar elecciones? Desconocemos, más allá de la legalidad o no del procedimiento, si las ayudas las recibieron las empresas y los trabajadores a los que les correspondía. Tampoco lo sabe el tribunal sentenciador, ya que a nadie le ha interesado determinar previamente quiénes realmente se lucraron y cuánto se defraudó. Para saberlo tendrán que juzgarse las 139 piezas aún pendientes una década después. Ese es uno de los problemas de haber convertido la instrucción de los ERES en una partida de caza mayor político-mediática. La parte más importante del dinero "defraudado" se ha destinado a abonar las prejubilaciones de los trabajadores legítimamente incluidos en los ERES, que ha seguido pagando religiosamente el gobierno del PP y C´s, apoyado por Vox, y lo seguirá haciendo el nuevo. ¿Es esa la red clientelar? ¿También prevarican y malversan los gobiernos de Juanma por seguir financiándola?