Tras la votación de la investidura de Pedro Sánchez, se ha recordado las de sus antecesores que contaron con menos apoyos. Una de ellas fue la de Mariano Rajoy en 2016, que tras diez meses de gobierno en funciones fue elegido en segunda votación con 170 votos. También marcada por protestas, aunque de signo ideológico opuesto, que cuestionaban el orden democrático y con manifestantes que portaban pancartas contra el “golpe de Estado” o “régimen corrupto, autoritario y criminal”. También consideraban ilegítima la abstención de 68 diputados socialistas, que permitía poner fin al periodo más largo de inestabilidad y evitaba el grotesco espectáculo de tener que ir a unas terceras elecciones. Consecuencia de ello, esa misma mañana, Pedro Sánchez hacía efectiva su decisión de abandonar el escaño entregando su acta de diputado. Había sido defenestrado en una torpe maniobra del aparato, ante el temor de que plantease una mayoría alternativa con partidos a la izquierda del PSOE e independentistas. Algo considerado tabú en la cultura política de aquel socialismo.

La abstención del PSOE en aquella investidura dio la oportunidad a Pedro Sánchez de levantar la bandera del “no es no” ante una militancia deprimida y sin liderazgos. Aquellos acontecimientos nos han traído hasta aquí. Un ejemplo del nuevo tiempo es el entusiasta aplauso del Comité Federal al pronunciar Pedro Sánchez la palabra amnistía. No puedo explicarme que un asunto tan polémico y divisivo, motivo de discusión en la conversación pública y privada, produjese esa unanimidad acrítica. Como a Borrel, el pacto con Junts me produce las lógicas preocupaciones. No entiendo que el PSOE haga suya la versión de hechos alternativos del independentismo sobre el procés. O que la sentencia del TC sobre el estatuto, aprobado en 2006 en referéndum con participación del 48,85%, pueda justificar los delitos cometidos con posterioridad. Entre otras cosas porque si aceptamos eso ¿Qué podría justificar entonces que el TC declarase inconstitucional la Ley de Amnistía? Aunque nada de eso suponga aceptar el absolutismo del superlativo que impone la oposición. Levantar un muro frente a la derecha es una explicación: hay motivos, a la vista de los precedentes en CCAA y ayuntamientos, para preocuparse ante la posibilidad de que un gobierno PP-Vox suponga una involución en los avances en derechos y libertades. Aunque son los electores los que deberían levantar ese muro.