La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, que suspenda las declaraciones de los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, a los que la instructora ha citado a declarar el 12 de mayo después de que la Audiencia de Sevilla levantara su imputación por falta de motivación del auto por el que fueron implicados en el caso.

En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía insiste en que considera que la investigación está  "ya agotada en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero, considerando procedente que a la mayor brevedad se debe elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el auto de fecha 18 de diciembre de 2013".

Anticorrupción justifica la petición de suspender estas comparecencias en que, a su juicio, "no es procedente y por el contrario causa un efecto dilatorio la toma de declaraciones a las personas implicadas en dicha trama no aforadas, interesando que se suspendan tales declaraciones, en tanto en cuanto no se resuelva expresamente nuestra petición, y en su defecto, en caso de no ser estimada, se mantenga la suspensión durante la tramitación del posible recurso", y en todo caso durante la tramitación del recurso de apelación ya interpuesto contra el auto de fecha 3 de abril de 2014, en el que Alaya rechazó remitir la causa por el momento al Tribunal Supremo al estimar que la misma es inescindible y debe evitarse lo que los juristas denominan la "ruptura de la continencia de la causa".

La Fiscalía también había pedido a la juez que suspendiera las declaraciones previstas para este martes de los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago, así como de Eduardo Lora, pero la instructora ha hecho caso omiso de la solicitud.