La Fiscalía Anticorrupción reclamó esta madrugada una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros para el secretario de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, por su “intervención” en la inclusión de un intruso en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox.

La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, por su parte, pidió sólo una fianza civil de unos 200.000 euros, y ninguna de las acusaciones solicitó la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato.

Recientemente, la juez Mercedes Alaya impuso una fianza civil de 722.393 euros a dos sindicalistas de UGT y CCOO que fueron detenidos en el marco de la operación Heracles II y declaró la responsabilidad civil subsidiaria de ambas organizaciones sindicales. En concreto, Alaya fijó una fianza civil de 251.041,37 euros para el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros para el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de CCOO, Manuel Roberto Carmona Soto.

El representante de CCOO Enrique Manuel Jiménez García es uno de los seis imputados a los que Alaya tomó declaración durante la jornada de ayer y esta madrugada, y la instructora le ha imputado delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

El sindicalista negó que la inclusión del intruso Antonio Fernández Garzón en el ERE de Calderinox constituyese una irregularidad, puesto que, según dijo, cumplía los requisitos que se exigían a los otros prejubilados para acceder a la ayuda, por lo que en su opinión no pasaba nada por incluirlo.

Durante la declaración de Manuel Enrique Jiménez se produjo un avería informática en el ordenador que se utilizaba para recoger la declaración del imputado, lo que provocó la pérdida de varias de sus respuestas y hubo que proceder a rehacerlas, lo que volvió a retrasar aún más si cabe la declaración que comenzó con varias horas de retraso sobre la hora fijada.

Tras la declaración de este sindicalista, la juez Alaya tenía previsto interrogar al secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca Caro, que también está imputado por la inclusión del intruso Antonio Fernández Garzón en el ERE de Calderinox. Este intruso declaró en su día que fue este sindicalista quien lo llamó por teléfono para decirle que lo iban a incluir en la póliza de Calderinox.