La consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha defendido la gestión económica del Gobierno andaluz en la última legislatura, a la vez que ha arremetido contra la nueva figura del contrato fijo discontinuo que ha impulsado el Gobierno de España alegando que maquilla los números de desempleados. "Lo que generará empleo será un aumento de la actividad económica, no un cambio de nombre en el contrato", ha asegurado Blanco en el Foro Grupo Joly –editor de este periódico– patrocinado por Unicaja Banco en el Hotel NH. 

"Andalucía no va a ser la locomotora de España, pero sí uno de los primeros vagones, por primera vez los datos de exportación y de inversión están ahí y están empezando a ver a Andalucía como una comunidad potente", ha sacado pecho Blanco por la gestión económica del actual Gobierno andaluz. En este sentido, ha apuntado que "hemos pasado de ser una comunidad subvencionada a una comunidad que cree en ella misma". 

En cuanto a la medida impulsada por Yolanda Díaz en el Ejecutivo central, ha sido más dura, "cuando acaba la temporada de empleo baja la afiliación, pero no sube el desempleo por los contratos fijos discontinuos", ha argumentado la consejera de Empleo; que a la vez ha sacado pecho por las cifras de afiliación andaluzas, "en Andalucía, al contrario de España, sí está creciendo la afiliación", apuntando que en noviembre se aumentó en 12.881 trabajadores la cifra de afiliación en la comunidad. 

Tomás Valiente, Fernando Ríos, Rocío Blanco, Francisco Salado, José Ángel Narváez, Agustín Sánchez y Margarita del Cid antes del Foro Joly Unicaja Banco.

En este sentido, apunta, "hay al menos 500.000 trabajadores fijos discontinuos sin trabajo que no cuentan en las listas del paro", pero que sí pueden estar en las listas como "demandantes de empleo con relaciones laborales", lo que supone que no engrosen las listas de parados, pero sí perciban prestaciones por ayuda al desempleo. 

Y todo esto, matiza, genera que ahora "la gente se queda sin empleo, pero no sin contrato". Y defiende las políticas de Andalucía, "lo que generará empleo será un aumento de la actividad económica no un cambio de nombre en el contrato". 

Ese cambio en la metodología tiene su origen en la Orden de 11 de marzo de 1985, que estableció excluir de los registros del paro a ciertos colectivos, entre ellos los extranjeros que tenían suspendida su demanda de trabajo y a quienes estuvieran en situación de inactividad, es decir, a los fijos discontinuos. Una figura, ha recordado Blanco, "que entonces era poco utilizada, casi residual, y que por tanto afectaba poco a la valoración final del mercado de trabajo". 

Medidas andaluzas

El buen dato de afiliación andaluza –en contraposición con le nacional– sería consecuencia de que "en Andalucía se están haciendo bien las cosas y estamos en el foco de todos los debates", ha resaltado la consejera. A ese resultado global están contribuyendo factores como "la estabilidad institucional, la eliminación de trabas burocráticas o la diversificación de nuestra economía", con ejemplos como la apuesta por las energías renovables o la instalación de grandes empresas tecnológicas, "que se suman a los sectores tradicionales que sustentan nuestra economía y que nos van a permitir ganar en valor añadido y en productividad".

Blanco ha destacado también durante su intervención aquellas medidas que impulsa la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para contribuir a que la Administración autonómica sea "dinamizadora y generadora de las condiciones que propicien el crecimiento". En ese sentido, ha recordado que durante la pasada legislatura se fortaleció el tejido productivo con 575.000 ayudas por valor de 1.018 millones de euros. De cara al futuro, ha detallado la próxima entrada en vigor el 1 de enero de la Cuota Cero que beneficiará al colectivo de trabajadores autónomos, o la convocatoria de ayudas para la estabilización del empleo, que moviliza 170 millones de euros.

El objetivo es formalizar más de 52.000 contratos y que las empresas dispongan de esos ingresos antes del 15 de enero. También ha citado los avances en materia de Formación Profesional para el Empleo, recuperada en Andalucía tras una larga década de parálisis; el novedoso sistema de automatización para la gestión de ayudas, que permite resolverlas en tiempo récord, y la auténtica transformación del SAE tras la aplicación del Sistema Integral y el Perfilado Estadístico.

Trabajar para Hacienda 

La consejera ha sido muy crítica también con la cantidad de impuestos que pagan las rentas medias, asegurando que "durante 193 días de los 365 días del año, todos nuestros ingresos se van a Hacienda, esto es casi el 53% del año que generamos productividad para la agencia tributaria". 

Además, ha destacado el beneficio de las sucesivas rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno de Andalucía, entre ellas la deflactación de la escala autonómica del IRPF en un 4,3%, o la bonificación indefinida del 100% del Impuesto de Patrimonio, "lo que en la práctica supone su eliminación". Algo, sin embargo, que "ha recibido como respuesta del Gobierno de España un ataque a nuestras competencias y a nuestra autonomía fiscal a través del impuesto a las grandes fortunas, que no deja de ser una forma de intentar neutralizar las ventajas fiscales de Andalucía y Madrid". Mientras, el Estado se niega a aplicar rebajas impositivas, lo que le ha permitido ingresar "sólo entre enero y octubre de este año 32.284 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior, aunque no se ha visto que ese dinero vaya en beneficio de la deuda pública".

Delito de Malversación

La consejera, además, ha atacado la reforma que quiere hacer el Gobierno central del delito de malversación, "es un gran error que vacía de contenido nuestro Estado de Derecho, el dinero público es sagrado", ha argumentado la consejera. A esto ha añadido que "no me importa si no va a tu bolsillo si no lo utilizo para la finalidad para la que tiene que estar". 

Además, ha señalado que esta es una tendencia "anti Robin Hood" que además se desmarca de lo que se está haciendo en los países del entorno, "la OCDE lo está criticando, hay un grupo de países que tienen una liga antifraude y propician los controles en la lucha contra el fraude". 

En una línea parecida, ha asegurado no haber tenido ningún problema en su Consejería para que los funcionarios le firmen ningún documento, pese al fantasma del caso de los EREs que podría sobrevolar. "Los funcionarios se sienten muy amparados, muy protegidos, saben que nunca vamos a hacer nada que los comprometa a ellos o que nos comprometa a nosotros, precisamente porque veníamos a darles seguridad jurídica", ha espetado. 

Ha hecho hincapié Blanco en que no han tenido "ningún problema para firmar nada, ni siquiera los expedientes de reintegro de la pasada legislatura, porque "veían que estaban muy conformados, que eran sólidos".