Renta Mínima de Inserción

Una ley, ocho meses y cero euros para el salario social

  • El Parlamento ha modificado las exigencias de la norma que regulaba la Renta de Inserción Mínima desde enero a causa de los numerosos problemas surgidos en su aplicación

Una mujer pide limosna en la vía pública. Una mujer pide limosna en la vía pública.

Una mujer pide limosna en la vía pública. / Juan Carlos Muñoz (Sevilla)

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"Eché la solicitud de la renta mínima a mediados de febrero. Aún no recibí noticia alguna. En (la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales de) Luis Montoto me dicen que está metida mi solicitud, pero no está mirada aún. Esto es desesperante...".

La desesperación de Loli Díaz Andrades, firmante de la anterior cita, es similar a la de miles de andaluces que han solicitado la Renta de Inserción Mínima Social de Andalucía, cuya ley, en vigor desde el 1 de enero, regula la concesión de un salario social para familias en riesgo de pobreza y exclusión social. Ocho meses después de la convalidación en el Parlamento del citado decreto-ley, el reparto de los 198 millones de euros previstos en la norma para 2018 está siendo meramente anecdótico.

La de Loli Díaz es sólo una de las 800 consultas que ha recibido el Defensor del PuebloAndaluz en su portal en relación a esta prestación y a la anterior. El resto del testimonio de esta mujer con cinco vástagos eriza el vello: "No puedo más. Mis hijos piensan que un yogur es un premio y no un postre. Y ahora los materiales y libros de infantil", dejó escrito el 6 de agosto.

La ley que regulaba este nuevo salario social era una de las iniciativas de lustre contempladas en los presupuestos andaluces de 2018 y que reemplazaba el antiguo salario social –el Ingreso Mínimo de Solidaridad–, cuya cuantía anual en los últimos cuatro ejercicios –entre 2014 y 2017– fue de 90,6 millones de euros, sensiblemente inferior a la actual, y cuya aplicación presentó también una gran cantidad de incidencias.

Sin embargo, 2018 iba a ser diferente, anunciaron, iba a ser el inicio de una nueva etapa que facilitaría el día a día de ese tercio de andaluces que vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Pocos imaginarían el 1 de enero, cuando fue publicada la ley norma en el BOJA, que su aplicación sería tan raquítica.

"Tengo tres niñas chicas, mi pareja no tiene trabajo y vivo sólo con lo que nos ayuda la familia, pues no llegamos. Estoy con un pie dentro y otro fuera del alquiler donde vivimos y la situación ya es desesperante para todos. (...) Necesitamos un mínimo de esperanza", afirmaba M. Ángeles, otra potencial beneficiaria de la prestación en el mismo portal del Defensor del Pueblo, institución que ha recibido 150 quejas formales desde el comienzo del año.

Una de ellas provocó en mayo la apertura de una actuación de oficio en mayo por la que solicitó inmediata información a la Junta. Tuvo cuyo eco en la prensa. Para entonces, el Gobierno ya andaba preocupado. Y el Parlamento se puso en marcha. El trabajo de varios meses ha desembocado en una modificación legislativa que trata de solventar los problemas del texto de enero. Su articulado necesitaba facilitar, no dificultar, las ayudas. Ahora únicamente faltaba que la informática y las nuevas tecnologías –los elementos–, según la Junta, también contribuyeran.

Solución de emergencia

Si bien la ley de Renta Mínima de Inserción faculta a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a publicar los informes anuales de las prestaciones solicitadas, admitidas y denegadas en el primer cuatrimestre de 2019, cabría estimar las personas afectadas por la falta del actual salario social hasta agosto proyectando la cifra de la Memoria del Programa de Solidaridad de 2017. El año pasado, en 12 meses, los servicios sociales recibieron 46.625 solicitudes, por lo que es dable adivinar que en ocho meses no hayan sido menos que 25.000 los afectados.

Hay municipios en los que hasta hace nada no se había concedido ninguna prestación y tal ha sido el estado de emergencia que el Ejecutivo y el Parlamento han acelerado una entente. Había que ponerse manos a la obra. Era urgente.

En la búsqueda de la subsanación de los posibles errores, el legislador ha aprobado una extensa batería de correcciones incluidas en una disposición adicional de la Ley Violencia de Género, en vigor desde el 2 de agosto.

Las modificaciones realizadas en una decena de artículos aprobadas hace sólo ocho meses persiguen flexibilizar los requisitos y reducir así el número de demoras y denegaciones de las ayudas.

Como motivos recurrentes para rechazar las solicitudes del salario social, informa el Defensor del Pueblo, se repiten los casos de solicitantes que han trabajado sólo un mes o no haber estado durante durante el periodo completo en que permanezca la ayuda como demandante de empleo. Los términos en los que fueron redactadas las exigencias sobre empadronamiento o escolarización de menores han perjudicado a numerosas víctimas de violencia machista o trata de blancas.

Ya sea por el cambio legislativo o porque los elementos son más propicios, solicitantes de la renta social congregados en el portal del Defensor del Pueblo empiezan a anunciar la recepción retroactiva de las ayudas.

Algunos de ellos, días atrás, habían propuesto manifestarse, crear una plataforma de afectados y reunir firmas en change.org, pero los hay que solicitaron la ayuda en enero y febrero que ya han recibido los 430 euros mensuales que corresponden como mínimo a una unidad familiar. El resto, por ahora, es agosto y no está precisamente de veraneo.

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