El dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, uno de los 171 imputados en la causa de los ERE fraudulentos, ha solicitado a la juez Alaya que le conceda una pensión alimenticia de 3.000 euros mensuales para poder sustentarse a sí mismo y a su familia.

La instructora ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes personadas para que se pronuncien sobre la petición del propietario de la aseguradora, que en un escrito puso de manifiesto que tras las diversas medidas adoptadas por el juzgado se le ha "desposeído de todo, se le ha cercenado su anterior actividad y se le ha obligado a recomenzar su vida para procurar el sustento de sí mismo y de su familia".

El empresario jerezano recuerda que actualmente tiene todas sus cuentas embargadas y sus empresas, Uniter y Cureña, están bajo una administración judicial, por lo que "carece de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas". Por ello solicita que se conceda una pensión de alimentos de 3.000 euros mensuales con cargo a los fondos de estas empresas.

José González Mata argumenta que esa cantidad era la que aproximadamente percibía con anterioridad a que se extinguiera la relación laboral y cree que la misma es "ajustada a las obligaciones económicas contraídas de forma personal". El empresario pide que se ordene a la administración judicial para que proceda mensualmente al pago de la suma solicitada "o de la que el juzgado prudencialmente fije, en el concepto expuesto y con cargo a los fondos de las mercantiles" Cureña y Uniter.

Además de pedir opinión a la Fiscalía y a las demás partes, la juez Alaya ha solicitado a la defensa de González Mata que "acredite en este juzgado las necesidades y cargas" que tiene actualmente, informándole de que si no acredita esos extremos se le tendrá "por desistido en su petición".