El ex consejero Antonio Fernández ha denunciado, en un escrito remitido a la juez Mercedes Alaya, que su ingreso en prisión tras su imputación en la causa de los ERE le ha convertido "en un paria al que se le han cerrado todas las puertas del mercado laboral", por lo que pide a la instructora que le devuelva el DNI y que "suavice" su comparecencia semanal en el juzgado para evitar el "paseíllo" mediático.

En el escrito remitido por su abogado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Antonio Fernández lamenta que como consecuencia directa de la orden de prisión que Alaya acordó el 24 de abril de 2012 perdió su empleo y "desgraciadamente" se ha convertido en un paria en el mundo laboral, en el que "a pesar de sus esfuerzos ha carecido ya de cualquier oportunidad de obtener un trabajo remunerado".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo explica en el escrito que el DNI cuya devolución reclama es un elemento de uso habitual en la vida ordinaria, por cuanto "se entiende bien la aflicción moral a que inevitablemente queda sometido quien ignominiosamente ha de exhibir ante terceros desconocidos su condición de persona sujeta a una investigación criminal cada vez que se hace precisa la identificación personal (lo cual sucede cotidianamente, por ejemplo, si se toma un vuelo doméstico o cuando se paga en un comercio o en un restaurante mediante tarjeta de crédito)". El letrado se pregunta si "realmente a estas alturas de la causa, la desposesión del DNI es realmente un elemento necesario". El defensor critica el carácter "estigmatizador" de esta medida en el marco de una macrocausa "probablemente sin precedentes y cuyo final de la fase instructora no cabe aún prever".

Antonio Fernández ha pedido igualmente a la juez que "suavice" el nivel de comparecencia semanal y se establezca una medida de presentación mensual o quincenal. Dice el defensor que cada vez que Fernández acude a los juzgados tiene que "someterse y superar, a la entrada y a la salida, la barrera de medios de información, incluso gráficos, que al parecer aún no satisficieron suficientemente su deseo de reflejar este obligado y permanente paseíllo (unas 70 semanas han transcurrido desde que Fernández obtuvo la libertad provisional), lo cual corre en mayor perjuicio de la maltrecha presunción de inocencia del mismo".