Un grupo de monitores escolares contratados a raíz del plan de choque de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se manifestaron ayer en Sevilla para pedir su readmisión, ya que consideran que sus contratos fueron celebrados en "fraude de ley" y, por lo tanto, deberían adquirir carácter indefinido.

El colectivo alega que su posición ha sido corroborada por inspecciones de trabajo llevadas a cabo en centros de Educación Infantil y Primaria, donde realizaban labores de apoyo administrativo, colaboración en actividades extraescolares y atención en la bibliotecas, entre otras tareas. Uno de estos informes emitidos por el Ministerio de Empleo establece que "se ha procedido incorrectamente a la cobertura de los puestos de monitor escolar", ya que los contratos temporales de obra o servicio "cubren una necesidad de carácter permanente". El texto reconoce a los trabajadores afectados el derecho a acudir a la jurisdicción competente en el caso de que se extinga su relación laboral y asegura que los empleados "deben tener la consideración de indefinidos".

Según una de las portavoces del grupo, Eva Muñoz, fueron 1.018 los "despedidos ilegalmente" entre el 5 de octubre y el 14 de noviembre, todos sujetos al convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía y con los requisitos de titulación propia de la categoría.

En la actualidad hay procesos judiciales abiertos -en Cádiz están a la espera de sentencia y en Córdoba habrá una vista en el mes de marzo-, donde los monitores solicitan que su despido sea considerado improcedente. En una carta entregada en mano a Susana Díaz, el colectivo asegura que "responsables políticos de la Junta" señalan que, en el caso de que ganen el juicio, "la administración no readmitirá sino que indemnizará". En casos similares previos, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte optó por volver a contratar a los demandantes, aunque siempre después de la sentencia favorable hacia los mismos. "No queremos una indemnización, sino recuperar nuestro puesto de trabajo", explicó ayer Inés Díaz, portavoz de los monitores procedentes de Córdoba, que fueron los encargados de hacer llegar la misiva a Díaz.

Después de media hora de protesta frente al Palacio de San Telmo, los manifestantes se dirigieron a la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde se reunieron con el nuevo responsable, Juan Carlos Raffo, que se comprometió a trasladar sus reivindicaciones. También acudieron a la oficina del Defensor del Pueblo y a la sede de la consejería, en Torretriana.