El PSOE recurre el archivo de los contratos de emergencia del SAS y el PP dice que fue un bulo

El PSOE de Andalucía ha confirmado que recurrirá la decisión judicial que archiva la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 13 de Sevilla dictaminó el archivo al no apreciar indicios de delito en la tramitación de estos contratos extraordinarios, una resolución que los socialistas consideran prematura e incompleta.

Los socialistas andaluces sostienen que los hechos denunciados requieren una investigación completa que, a su juicio, está lejos de concluir, ya que persiste el delito de prevaricación en la actuación del Gobierno autonómico. Según ha manifestado el partido, la propia Intervención General de la Junta de Andalucía confirmó en informes posteriores "múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado" tras la denuncia sobre la falta de fiscalización previa de estos contratos, decisión adoptada por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020.

Por su parte, el Partido Popular andaluz ha respondido con dureza a la intención del PSOE-A de recurrir, señalando que el archivo judicial desmonta lo que califican como una campaña basada en bulos. El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha señalado que la decisión del juez demuestra que el PSOE "carece de proyecto y de liderazgo" y que ha sustituido "la política por el bulo".

El PSOE-A fundamenta su recurso en varios puntos clave que, según considera, justifican la continuación de la investigación. En primer lugar, destaca que "estamos ante un posible delito de prevaricación que debe ser investigado hasta el final", argumentando que la sanidad pública andaluza "merece que se investigue hasta el último euro pagado de más". Los socialistas reconocen "la urgencia inicial de la pandemia", pero denuncian que el Gobierno andaluz prolongó la contratación directa "de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia". Esta conclusión, insisten, proviene de la propia Intervención General de la Junta de Andalucía, lo que añade peso institucional a sus denuncias.

Además, el partido ha expresado su "más absoluto respeto por la acción de la justicia" aunque confía en que la resolución judicial sea anulada y se llegue "hasta el final" tanto en la causa que se investiga en Sevilla como en las investigaciones que permanecen abiertas en las provincias de Cádiz y Córdoba sobre los mismos hechos. Esta estrategia judicial múltiple podría mantener viva la cuestión en diferentes instancias.

Uno de los aspectos más criticados por el PSOE-A es el presunto daño económico causado al erario público andaluz. Según las irregularidades reconocidas en el auto judicial que los socialistas conocieron a través de medios de comunicación, "se ha contratado con las mismas empresas a precios superiores a los que se pagaban en contratos ordinarios, es decir, se ha pagado más por lo mismo". Esta circunstancia resulta especialmente grave para los denunciantes, que ven en ella no solo una posible irregularidad administrativa, sino también una estrategia política de privatización de la sanidad pública que les "preocupa y ocupa". El partido ha reiterado que su modelo sanitario para Andalucía es "diametralmente opuesto al de vaciar la sanidad pública y el estado del bienestar para beneficiar a empresas privadas".

Los socialistas critican específicamente el uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia, señalando que se eliminaron "los controles previos para dar vía libre a contratos a dedo de decenas de millones de euros". Esta supresión de mecanismos de fiscalización representa, según su criterio, el núcleo del posible delito de prevaricación que debe investigarse.

Respuesta de los populares

Frente a estos argumentos, el PP-A ha celebrado la decisión judicial como una vindicación completa de la gestión autonómica durante la pandemia. Antonio Repullo ha asegurado que "el juez instructor ha sido rotundo" y que el archivo demuestra que "no existía corrupción, que fue un invento de Podemos y del PSOE". El dirigente popular acusó a ambos partidos de haber "usado una tragedia como el covid", que causó más de 16.000 víctimas en Andalucía, "para ganar votos". Según Repullo, al PSOE le ha dado igual "crear desconfianza" en el sector sanitario público y "arrastrar" a gerentes del SAS de "trayectorias intachables" en su estrategia política.

Repullo ha enfatizado que el juez ha subrayado que los procedimientos de contratación estaban respaldados por ley y que se realizaron en una situación "excepcional" debido al covid-19. "El juez llega a la conclusión de que los procedimientos de contratación tuvieron el respaldo legal y adecuado a la respuesta de la Junta a la mayor crisis conocida", ha recalcado el secretario general del PP andaluz.

Modificada la fiscalización

Un aspecto destacado en la argumentación del PSOE-A es lo que consideran un trato judicial desigual respecto a casos anteriores. Los socialistas han señalado que resulta "cuanto menos, llamativo el diferente rasero judicial ante situaciones procedimentales similares anteriores donde la modificación del sistema de fiscalización y la ausencia de procedimiento ordinario, aun con fines legítimos, fue razón suficiente para presuponer intencionalidades criminales y dictar condenas a personas inocentes".

En el caso actual del Gobierno andaluz del PP, según el PSOE-A, "nos encontramos con la misma supresión de la fiscalización previa", lo que permitió al SAS "repartir discrecionalmente decenas de millones de euros sin control preventivo". La pregunta que plantean los socialistas es contundente: "¿Por qué lo que antes era indicio de criminalidad ahora se archiva como mera irregularidad administrativa?"

Esta cuestión plantea un debate jurídico sobre la homogeneidad de criterios judiciales en casos que presentan similitudes procedimentales, aunque se desarrollen en contextos políticos diferentes. El PSOE-A confía en que los tribunales mantengan criterios ya aplicados con anterioridad en otros casos, buscando coherencia en la aplicación de la ley.