La industria de la salud ha sido un filón desde tiempos remotos. Los alquimistas que se afanaban en descubrir el elixir de la eterna juventud han sido sustituidos en la contemporaneidad por las empresas farmacéuticas, cuyo músculo dinerario luce año tras año en los escalafones de las entidades más ricas del mundo.

La implantación del sistema de subastas en Andalucía, sin embargo, ha afectado en gran medida a la salud de los laboratorios españoles en beneficio de aquellas que han podido permitirse reducir hasta el pasmo los costes de producción. El fin justificaba los medios: ganar las diferentes subastas de compra de medicamentos que licitaba la Junta.

Las empresas fabricantes de fármacos –alemanas y portuguesas pero también chinas o indias– han ido evidenciando con el tiempo deficiencias que han repercutido en el abastecimiento a las oficinas de farmacia andaluzas, entre otros problemas.

Este hecho ha provocado repetidos incumplimientos de su parte del contrato con la administración sanitaria y, por tanto, grandes multas. Claro que, como avisan los expertos en Salud Pública, el ingreso por la adjudicación de los pingües contratos ha compensado los agujeros de las penalizaciones.

Multas millonarias

Los laboratorios adjudicatarios, muchos de ellos recurrentes subasta tras subasta, se han nutrido durante siete años de una fabulosa gallina de los huevos de oro, por mucho que hubiera subastas, como la sexta, en la que las penalizaciones a las farmacéuticas adjudicatarias alcanzaran un total de 4,7 millones de euros.

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Peccata minuta. Por acudir al hecho concreto, cabe observar los ingresos de explotación de dos laboratorios que han repetido licitaciones en las subastas. Todos han hecho su agosto. En el caso de Aristo Pharma, por ejemplo, la evolución desde 2012 –fecha de inicio de las subastas– a 2017 resulta asombrosa: de medio millón de euros a más de 45 millones. Ocurre lo mismo con Arafarma Group –de 3 millones en 2012 a 17 millones en 2017.

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Multas insignificantes

No es de extrañar que, con tales ingresos, a Arafarma le parecieran desdeñables los 542.785 euros con los que ha sido penalizado a lo largo de las diez primeras subastas. De igual modo, a Aristo Pharma, con más de 45 millones de ingresos en 2017, le habrán parecido risibles los 2,8 millones pagados a la Junta en multas en las diez primeras subastas.

Fuentes de la industria española no sólo lamentan no haber sido los adjudicatarios –la mayoría ni siquiera se presentaba a la subasta a causa de la imposibilidad de competir con las reducidas ofertas de la competencia foránea– sino que han advertido de las consecuencias perniciosas en materia de investigación, desarrollo e innovación para la empresa farmacéutica nacional. Y en materia de empleo de calidad.