El informe pericial pone de manifiesto que el coste medio por cada trabajador que fue incluido en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que fue financiado total o parcialmente por la Junta de Andalucía se elevó a 155.336,10 euros, por lo que el coste medio por empresa osciló entre un mínimo de 70.129,63 euros y un máximo de 275.722,43 euros.

Estas cifras aumentan cuando se trata de las subvenciones sociolaborales concedidas a personas físicas que en su día fueron afectada por un ERE, cuando la relación laboral ya había sido extinguida y cuyo importe no fue objeto de negociación con la empresa. En este caso, el coste medio por trabajador se elevó a 231.086,03 euros, oscilando el coste medio por empresa entre un mínimo de 109.924,29 euros y un máximo de 306.268,94 euros, siendo igualmente financiado total o parcialmente por la Junta de Andalucía.

Los cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han analizado una muestra de 56 empresas que recibieron ayudas del fondo de reptiles, con un importe total subvencionado de 544 millones, lo que representa el 73,45% del crédito total del programa 31L utilizado por la Consejería de Empleo entre 2000 y 2010, y el 20,15% de las entidades subvencionadas.

El informe también señala que una parte importante de las subvenciones otorgadas "carecen de objeto concreto y claramente definido" y atiende a fines muy diversos, desde el pago de nóminas, minutas por asesoramiento jurídico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta dirección, indemnización derivadas de despidos declarados improcedentes e incluso préstamos para el "pago de nóminas de los que no consta su devolución".

Los peritos destacan además el pago realizado "por error" a la aseguradora Apra Leven por importe de 2.999.999,99 euros, en lugar de los 299.999,99 euros que correspondía paga y cuya devolución la aseguradora "se negó a realizar".