La posibilidad de que el cesado presidente catalán, Carles Puigdemont, pida asilo político en Bélgica puede causar daños en la coalición de Gobierno belga y tensar las relaciones diplomáticas con España, que ya han sufrido precisamente por la presencia en el Gobierno de los nacionalistas flamencos de la N-VA, amigos y aliados del soberanismo catalán, y con el trasfondo histórico de la imagen de Bélgica como refugio de etarras en los noventa.

La Justicia belga ha indignado al Gobierno español en numerosas ocasiones al negarse a entregar etarras por desconfiar los jueces belgas de que en España pudieran tener un juicio justo. Una situación que parecía propia de los lejanos noventa pero se volvió a repetir en 2016, con la etarra residente en Gante Natividad Jáuregui.

Ahora, si Puigdemont pide asilo por el mismo motivo echará sal en una herida que se ha abierto en las relaciones diplomáticas en las últimas semanas, con un ingrediente nuevo: la presencia en el Gobierno federal belga de la flamenca N-VA, que pese a haber aparcado formalmente sus aspiraciones independentistas sigue siendo un socio entusiasta del separatismo catalán. El presidente de Flandes, Geert Bourgeois, ha sido anfitrión de Puigdemont en varias ocasiones.

El viaje a Bélgica del ya ex president se ha conocido solo un día después de que el secretario de Estado de Asilo y Migraciones belga, Theo Francken, abriese la puerta a una concesión de asilo político: "No es algo irreal, bien mirado", dijo a la cadena VTM. "Se está hablando ya de una pena de cárcel (para Puigdemont). Quedaría por ver hasta qué punto sería justo ese juicio", añadió.

La oferta de Francken, un personaje provocador y considerado un 'duro' con los demandantes de asilo, tuvo que ser desautorizada por el primer ministro, el liberal Charles Michel, que afirmó que "el asilo no está en la agenda" de su Gobierno y le pidió a Francken "que no arroje aceite al fuego". 

El Gobierno español optó por no hacer ninguna protesta formal y las palabras de Francken se trataron como las declaraciones de un representante de un partido político: El encargado de responderle fue el jefe de filas del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que le acusó de vulnerar los Tratados Europeos y los principios de solidaridad entre Estados.

Aceptar la petición "de una persona culpable de poner en peligro la integridad nacional de uno de los Estados miembros", advirtió González Pons, sería una transgresión de los Tratados de la UE, de las normas internacionales de asilo y de los principios de Naciones Unidas.

Las palabras de Francken no sentaron mal solo en España, sino que el diario belga francófono Le Soir las ha tachado de "estupidez" destinada a dañar a un primer ministro que solo le responde con "mansedumbre". 

"La fragilización del primer ministro y del Gobierno federal causada por sus salidas verbales ya no está confinada al espacio belga, sino expuesta en la escena europea", dice el texto, publicado antes de conocerse el viaje de Puigdemont.

Ahora, no solo las relaciones entre Bélgica y España pueden sufrir por los equilibrios en el seno de la coalición belga, sino que la presencia de Puigdemont en el país puede convertirse en un riesgo para el propio Gobierno federal de Bruselas, señalan observadores de la política local.

'Le Soir' recuerda que Michel ya venía manteniendo una posición "con matices" sobre el desafío soberanista catalán que mantenía contentos a sus socios del N-VA (el partido más votado en las últimas elecciones generales).

El primer ministro belga se apresuró a rechazar la "violencia" durante la jornada del referéndum del 1-O y varios días después concedió una entrevista en la que no cerraba la puerta a una mediación internacional, precisamente lo que no quiere el Gobierno español.

La prensa belga filtró entonces un email de protesta enviado desde España, pero oficialmente el Gobierno español negó que hubiera ningún problema, afirmó que no había habido ninguna protesta y que se contentaba con las palabras que el propio Michel había dicho en el Parlamento, "conforme al Estado de Derecho y al orden nacional e internacional". Ese día hubo Consejo Europeo y Charles Michel y Mariano Rajoy mostraron normalidad ante las cámaras de televisión. 

La mención a una posibilidad de asilo a Puigdemont en Bélgica ha hecho volver el recuerdo de las veces en que jueces belgas han rechazado entregar a España a acusados de terrorismo, cinco en dos décadas.

La última de ellas ha sido Natividad Jáuregui, detenida en 2013 en la ciudad flamenca de Gante tras 34 años huida y cuya extradición denegó el Tribunal de Apelaciones de Gante el año pasado. Los familiares de Ramón Romeo, presuntamente asesinado por ella, han llevado el caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).

Lo cierto es que en los últimos años Bélgica sí había entregado a otros etarras reclamados: en 2005 Diego Ugarte López de Arkaute y Jon Gómez López, acusados del asesinato del socialista Fernando Buesa y su escolta; en 2010, Luis María Zengotitabengoa y en 2011 Ventura Tomé.

Sin embargo, en 2004 quedó definitivamente rechazada la petición de Luis Moreno y Raquel García, para entonces nacionales belgas; en 1996 la de Enrique Pagoaga, Peixotin y en 1998 la expulsión a México de Ricardo Cruz Maiztegui. Eso sí, no se les concedió asilo político.