El tipo del impuesto sobre el patrimonio seguirá oscilando entre el 0,2 y el 2,5%, dependiendo de la base liquidable que le salga al contribuyente una vez descontado de su capital el mínimo exento de 700.000 euros, a lo que se suma la deducción de 300.000 euros por vivienda habitual.

Con la recuperación de este tributo, aprobado en Consejo de Ministros, el Gobierno únicamente cambia el mínimo exento, que ha multiplicado casi por siete, y la deducción aplicable a la vivienda habitual, que ha doblado, si bien los tipos se mantienen tal y como estaban.

Para calcular la base liquidable hay que descontar del patrimonio las deudas deducibles, así como las exenciones previstas por ley, entre las que se incluyen la establecida para la vivienda habitual o las previstas para las obras de arte de carácter histórico, entre otras muchas cosas.

El valor de la vivienda habitual se establece atendiendo a la mayor de estas tres cantidades: el precio de compraventa, el valor catastral o el tasado por la administración pública para algunos casos (por ejemplo, el valor otorgado por una comunidad autónoma a un inmueble cuando se liquida el impuesto de sucesión).

De ese cálculo se obtiene una base imponible a la que se le restan los 700.000 euros exentos de tributación, en tanto que a la cantidad resultante se le aplicaría el gravamen correspondiente, de acuerdo con la escala establecida en la siguiente tabla:

Base liquidable (euros)                  Tipo aplicable (%)

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A partir de 0                                                    0,2

A partir de 167.129,45                                  0,3

A partir de 334.252,88                                  0,5

A partir de 668.499,75                                  0,9

A partir de 1.336.999,51                               1,3

A partir de 2.673.999,01                               1,7

A partir de 5.347.998,03                               2,1

A partir de 10.695.996,06                             2,5

De esta forma, un contribuyente con un patrimonio de 1.100.000 euros que cuente con una residencia valorada en 300.000 euros, y sin contar otras posibles deducciones, pagaría a Hacienda 200 euros, el 0,2% de una base liquidable de 100.000 euros. En caso de que el mismo contribuyente no viviera en una casa de su propiedad, tendría que pagar 1.200 euros, el 0,3% de una base liquidable de 400.000 euros.

"Millones de españoles estarían encantados de pagar este impuesto"

El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado que en tiempos de crisis es más justo pedir un esfuerzo a quienes más tienen antes que recortar los recursos destinados a la educación pública, en referencia a la recuperación "excepcional" del impuesto del patrimonio para las fortunas de más de 700.000 euros. "Lo justo a juicio del Gobierno es no recortar en educación sin pedir un esfuerzo a los que más tienen. Lo justo es repartir las cargas de la crisis", ha dicho Blanco en la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno confía en contar con el apoyo mayoritario del Congreso la próxima semana para convalidar el decreto y con esa finalidad el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, ha iniciado las conversaciones con las formaciones políticas.

Blanco ha subrayado que "sólo el 0,6 % de los millones de contribuyentes" tendrán que pagar este tributo, alrededor de 160.000 ciudadanos. Ha insistido en que se trata de una medida excepcional que se toma en un momento de excepcionalidad económica, en el que "son muchas las familias que tienen que apretarse el cinturón". Además, ha hecho hincapié en que la "inmensa mayoría" de los españoles no tendrán que pagarlo, con lo que las clases medias en modo alguno se verán afectadas.

En tono irónico y ante las críticas expresadas por algunos partidos como el PP, el portavoz ha dicho que ya les gustaría a muchos españoles tener el patrimonio suficiente como para verse obligados a presentar declaración. "Millones de españoles estarían encantados de pagar este impuesto", ha expresado Blanco, que ha asegurado no entender como el PP avala recortes en la educación pública en algunas comunidades autónomas, pero se niegan a que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a salir de la crisis. La recaudación estimada será de 1.080 millones de euros anuales, que ingresarán las comunidades autónomas, puesto que tienen cedida la gestión de este tributo.

El Gobierno no compensará a las CCAA que no graven el patrimonio

José Blanco ha asegurado además que no se podrá compensar a las comunidades autónomas que rehúsen reactivar el impuesto del patrimonio. Tras la decisión del Gobierno de congelar el tributo en 2008, las comunidades autónomas venían recibiendo una compensación anual conjunta de 2.097 millones de euros, que se incluyó en la ley que regula el sistema de financiación autonómica.

"El Gobierno les compensaba cuando decidió dejarlo en suspenso y no podrá compensarles si no lo reactivan. Si hay obstáculos habrá que superarlos", ha afirmado Blanco en rueda de prensa, aunque ha eludido precisar si el Gobierno seguirá trasfiriendo esos 2.097 millones a las autonomías el próximo año.

Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda explicaron que en la ley del sistema de financiación autonómica se establecieron una serie de recursos para las comunidades que corresponde seguirles abonando en tanto no se cambie ese sistema. No obstante, Blanco ha dicho que para el Gobierno "lo que no es lógico y desde luego no responde al principio de lealtad es que quien quiera boicotear el impuesto pretenda que se le siga compensando".

En este sentido, ha citado sin dar más explicaciones dos posibilidades, la de reformar la ley o la de ajustar cuentas en la liquidación de 2013, en referencia a que será dentro de dos años cuando se liquiden los recursos autonómicos correspondientes al ejercicio 2011. En cualquiera de los dos casos será el gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre el que tendrá que decidir al respecto.