Bruselas acuerda menos reubicaciones y ayudas económicas por los migrantes de lo que pedía España

Los países de la Unión Europea acordaron este lunes apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.

El Consejo (países de la UE) precisó en un comunicado que esa ayuda tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración "empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026", cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio.

"El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras", lamentó el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante el Consejo en el que se tomó la decisión, que opinó que se deben "identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma".

El Consejo ha alcanzado hoy un acuerdo político sobre el llamado "contingente anual de solidaridad", un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.

En particular, está previsto para aliviar la carga de los países a los que llegan la mayoría de los migrantes, España entre ellos, y reducir a largo plazo la presión migratoria en todos los Estados miembros.

El ministro del Interior dijo a su llegada a la reunión de este lunes que España iba a abstenerse en la votación del contingente.

Ese fondo común de solidaridad prevé tres tipos de medidas: reubicaciones, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas. Cada Estado miembro decide qué tipo de medida de solidaridad promete, incluyendo la posibilidad de comprometer una combinación de diferentes medidas.

En noviembre pasado la Comisión Europea concluyó, tras evaluar una serie de criterios, que España, Chipre, Grecia e Italia se encuentran bajo presión migratoria y pueden beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo común.

Por su parte, identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países que se enfrentan a una situación migratoria significativa debido a la presión migratoria acumulada en los años anteriores y dijo que tenían la posibilidad de solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo común de solidaridad.

Todos ellos, menos Bulgaria, han pedido ser eximidos de esas contribuciones con vistas a 2026.

Tras el acuerdo político de hoy sobre el fondo común de solidaridad, el Consejo deberá adoptar formalmente la decisión de ejecución, lo que ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2025.

Modificaciones en "los países seguros" para acelerar los retornos

Además, los países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo este lunes sobre dos propuestas legislativas relativas a los "países seguros" dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario.

Por un lado, acordaron un nuevo reglamento que revisa el concepto de tercer país seguro para ampliar las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible. En particular, no exige de manera obligatoria que exista una "conexión" con el país para poder devolver a un migrante.

Por otro, dieron luz verde a la primera lista de países de origen considerados "seguros", que además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como en principio también a los países candidatos a la adhesión.

El acuerdo logrado hoy sobre ambas propuestas supone la posición del Consejo con vistas a la futura negociación con el Parlamento Europeo.

"Estas nuevas leyes de migración de la UE tienen como objetivo establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección dentro de la UE", dijo el Consejo (países de la UE) tras la votación.

Por su parte, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, indicó que estas medidas "ayudarán a procesar las solicitudes de manera más efectiva y reducirán presión sobre los sistemas de asilo".

España votó en contra de la normativa sobre el concepto de tercer país seguro, al igual que Francia y Portugal.

Las "serias dudas jurídicas" de España

Sobre el primero, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó el texto por considerar que "rompe con la integridad" del pacto migratorio y de asilo al "modificar un elemento que fue crucial sobre el mismo, antes de que el pacto empiece a andar".

Indicó que a España le plantea "serias dudas jurídicas", ya que se prevé la posibilidad de celebrar acuerdos jurídicos no vinculantes con terceros países para el retorno de migrantes.

También Francia se mostró contraria a una normativa. "Creemos que entraña riesgos políticos, sociales y constitucionales y corremos el riesgo que los Estados miembros que no apliquen este concepto de manera extensa pueden ser víctimas de movimientos secundarios", dijo durante el debate la ministra delegada de Francia, Marie-Pierre Vedrenne.

Por su parte, Portugal coincidió en las dudas sobre la normativa con España y Francia y dijo que le preocupa renunciar al criterio de conexión con el país. También apoyó a España en el rechazo a que no haya una obligación de notificar a otros Estados miembros sobre los acuerdos que se concluyan con terceros países a efectos de llevar a cabo retornos y pidió que no haya una financiación europea de los acuerdos bilalerales con terceros países en ese ámbito.

Sin embargo, Alemania apoyó la propuesta porque "da un marco mucho más pragmático que respeta nuestras obligaciones internacionales".

Tercer país seguro

El concepto de tercer país seguro permite a los Estados miembros de la UE rechazar una solicitud de asilo por inadmisible (es decir, sin examinar su contenido) cuando los solicitantes de asilo podrían haber buscado y, de ser elegibles, recibido protección internacional en un país no perteneciente a la UE que se considere seguro para ellos.

Los Estados miembros podrán aplicar el concepto de tercer país seguro sobre la base de las tres opciones, empezando por la existencia de una conexión entre el solicitante de asilo y el tercer país. Sin embargo, esta conexión ya no será un criterio obligatorio para utilizar el concepto de tercer país seguro.

Otra opción será que el solicitante haya transitado por el tercer país antes de llegar a la UE y la tercera es cuando existe un acuerdo con un tercer país seguro que garantice que la solicitud de asilo de una persona se examinará en el país no perteneciente a la UE.

No será posible aplicar el concepto de tercer país seguro sobre la base de un acuerdo o convenio en el caso de menores no acompañados.

Además, un solicitante que recurra una decisión de inadmisibilidad basada en el concepto de tercer país seguro ya no tendrá derecho automático a permanecer en la UE mientras dure el proceso, aunque seguirá vigente su derecho a solicitar a un tribunal el derecho a permanecer.

Lista de países de origen seguro

La primera lista de países seguros "contribuirá a crear procedimientos de asilo más rápidos y eficientes, así como al retorno de quienes no necesitan protección"

El Consejo acordó que, aparte de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, los países candidatos a la adhesión a la UE también serán designados como países de origen seguros, a menos que exista un conflicto armado internacional o interno en el país.

La Comisión deberá supervisar la situación en los países candidatos a la adhesión e informar a los Estados miembros cuando alguna de estas excepciones se aplique o deje de aplicarse.

También se acordó permitir a Bruselas suspender la designación de un país de origen seguro para todo el país o solo para partes de su territorio o población, cuando esté debidamente justificado.