El alcalde de Estepona, a juicio por malversación por contratar a una amiga "íntima"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha dictado la apertura de juicio con jurado contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de una mujer con la que mantenía una “relación íntima de amistad” como funcionaria eventual o personal de confianza en el Consistorio, “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna”, según el auto emitido por el juez.

El Ayuntamiento, por su parte, ha informado de que la defensa del regidor recurrirá la decisión judicial y que pedirá el archivo del procedimiento. Fuentes municipales informaron que el escrito "carece de fundamento y que "se trata de una campaña política de la oposición para dañar su imagen".

El auto, al que ha tenido acceso Málaga Hoy, está fechado el pasado 29 de abril y deriva de la apertura de diligencias previas en diciembre de 2024 para investigar esta contratación en el Ayuntamiento, en el marco de la instrucción por supuesto acoso sexual denunciado por un policía local en octubre contra el alcalde, quedando esta última investigación archivada en enero de este año.

Se da la circunstancia de que el agente también ha sido pareja sentimental de la mujer contratada, que acudió a declarar como testigo en el procedimiento por acoso sexual, tras lo que figuró como denunciante hasta el sobreseimiento de la causa; y donde declaró que también había estado contratada en el Ayuntamiento, lo que provocó la apertura de esta nueva investigación contra García Urbano en calidad de investigado.

De la misma, se desprende de modo indiciario que José María García Urbano, “aprovechando su condición de alcalde del Ayuntamiento de Estepona, y con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica”, contrató a la mujer, con la que “mantenía una relación íntima de amistad”, según el auto.

El documento apunta a que la contratación de ésta se realizó como “funcionaria eventual, con plaza de asesora, adscrita al Área de Control Externo del Ayuntamiento de Estepona, para la realización de labores de asesoramiento especial y confianza mediante Decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, cesando en fecha 31 de marzo de 2023”.

Según el fallo judicial, durante este período la mujer percibió dos nóminas a cargo del patrimonio público por importes de 1.634,64 euros netos en febrero y de 3.642,28 euros netos en marzo, “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”.

El juez determina que los hechos revisten “los caracteres de un presunto delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 432 bis del Código Penal”, atribuido al alcalde esteponero, por lo que acuerda continuar el procedimiento para “juicio ante el Tribunal del Jurado”.

El citado artículo contempla una “pena de prisión de seis meses a tres años” y “suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”. En este caso, si prospera el caso y finalmente se somete al Tribunal del Jurado será este el que dicte veredicto de culpabilidad o inocencia y si se diera la primera de las circunstancias, el juez, finalmente, impondría la pena.

En la misma línea se muestra la Fiscalía, que en un informe emitido al Juzgado el pasado 28 de abril en el marco de la investigación y al que también ha tenido acceso Málaga Hoy, señala que existen indicios de que García Urbano, utilizando “su cargo como alcalde de Estepona" la contrató como personal eventual, y ello “sin que se haya acreditado que la misma haya desempeñado función o actividad alguna durante tal periodo”. Por ello, considera que “procede acordar la transformación de las presentes diligencias previas a procedimiento de jurado”.

Pero antes, el juez ha citado para las 10,30 horas del 4 de junio al investigado, que deberá acudir con su abogado, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas. Será en esa comparecencia cuando se concreten las imputaciones y el letrado del regidor podrá instar al sobreseimiento.

El Ayuntamiento recurrirá el auto judicial

Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona ha informado de que la defensa del regidor “va a presentar el correspondiente recurso solicitando la petición de archivo”, destacando que la misma “está convencida de que el procedimiento contra el alcalde no va a seguir avanzando ya que carece de fundamento”.

En paralelo, ha señalado que la defensa de García Urbano “está ultimando las acciones judiciales por -supuesta- denuncia falsa contra las dos personas que han iniciado procedimientos contra él en los últimos meses”.

“La defensa confía en que el escrito será teniendo en cuenta y que las actuaciones serán sobreseídas, porque la denuncia es fruto de una campaña política que PSOE y Vox están realizando en los tribunales, con el único objetivo de dañar la imagen personal y la trayectoria política del regidor”, han indicado desde el Consistorio.

En ese sentido, han destacado que ambas formaciones políticas “han decidido unirse en esta infame campaña, e incluso Vox se ha personado en el procedimiento con el mismo abogado que los denunciantes, lo que evidencia la connivencia existente entre todos ellos con la única y clara finalidad espuria de dañar la figura del alcalde”.

Según han incidido desde el Ayuntamiento, “el alcalde ya ha sido víctima de una denuncia falsa por acoso sexual por parte de esta denunciante y que el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ya acordó el archivo de la denuncia que interpuso contra el alcalde, tras ponerse de manifiesto la falsedad y las contradicciones del relato de los denunciantes”.

Así, han declarado que “la denuncia presentada por malversación carece de fundamento y el propio Ayuntamiento ya entregó al Juzgado toda la documentación requerida, y que corrobora que no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones llevadas a cabo por el Consistorio desde que José María García Urbano es regidor, y por tanto, no se ha producido ningún delito de malversación”.

El alcalde considera que se trata de “una campaña política que está haciendo un uso sistemático de mentiras por parte de la oposición para intentar lograr un apoyo social que, democráticamente y reiteradamente, no consiguen en las urnas”.