La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde este viernes a una nueva convocatoria de subvenciones dotada de 1,2 millones de euros a los economatos de la ciudad, para que faciliten la compra de productos de primera necesidad a personas con dificultades económicas.

El objeto de esta convocatoria, cuyo importe se ha incrementado este año en 120.000 euros para mitigar la subida de precios de los productos básicos, es el de mantener esta medida de protección y garantía alimentaria, que se suma y complementa las prestaciones sociales gestionadas por los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, y a apoyar la acción de las organizaciones de reparto de alimentos.

Se trata de una línea de ayudas anual, que permitirá garantizar el mantenimiento de esta prestación sin interrupciones para 2.000 plazas durante un año. La convocatoria contempla que ésta sea prorrogada para el año 2024, por el mismo importe y las mismas condiciones.

En la última convocatoria, que ahora finaliza y que ha abarcado el periodo 2021-2022, un total de once entidades han participado e impulsado economatos atendiendo a familias de todos los distritos de la ciudad a lo largo del desarrollo de ambas anualidades.

A través de este recurso, el Consistorio apoya a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que promueven el acceso a personas en situación de dificultad económica a la compra de productos de primera necesidad -alimentación, higiene, aseo personal y limpieza- a un precio de coste reducido como mínimo en un 75% con respecto al precio de mercado.

Así, esta prestación va dirigida a las personas o familias que puedan abonar el 25% restante. Las familias beneficiarias serán derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada distrito.

Por su parte, podrán ser beneficiarias las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que en el caso de asociaciones y entidades que hayan sido beneficiarias en la convocatoria anterior y hayan justificado debidamente dicha subvención, que hayan agotado el periodo de ejecución de la pasada convocatoria y que continúen cumpliendo el resto de requisitos exigidos para ser beneficiario de esta ayuda, tales como disponer de un espacio o instalación adecuada al proyecto presentado y tener capacidad para atender, con carácter mensual, a un mínimo de 100 familias.

Además, las entidades deben contar con medios personales y organizativos para hacer frente al desarrollo del proyecto y disponer de solvencia económica y funcional con experiencia de, al menos, 2 años en proyectos de la misma índole.

La solicitud para acceder a esta convocatoria se tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga (sede.malaga.eu) y el plazo de presentación de las solicitudes y el proyecto será de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Por otro lado, ha recordado que el Ayuntamiento impulsa esta línea de ayudas desde el año 2016, a la que se ha destinado 3,5 millones de euros. Desde entonces, la convocatoria ha evolucionado hacia la mejora de la tramitación de las ayudas para que éstas no se vean interrumpidas en el cambio de anualidad, garantizando la atención a las personas derivadas de los Servicios Sociales Comunitarios. Además, se han impulsado medidas de control y seguimiento usuarios acordes a las necesidades de la ciudadanía malagueña.

Nuevas viviendas protegidas para mayores

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha dado luz verde al inicio del expediente del proyecto de expropiación de la unidad de ejecución en la plaza Mendizábal, 3 y 5 esquina calle Puerto Parejo, 18 para la ampliación del patrimonio público de suelo con este edificio y su rehabilitación, por parte del Instituto Municipal de la Vivienda, para destinarlo al impulso de 20 nuevas viviendas protegidas en alquiler para personas mayores.

Se trata de un edificio que cuenta con protección arquitectónica Grado 1, con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados construidos, ubicado en el barrio de la Victoria y Lagunillas, que actualmente se encuentra muy deteriorado y que presenta graves problemas de habitabilidad y seguridad para los vecinos.

Este inmueble del año 1927 tiene un uso residencial, está destinado a familias en alquiler y así se mantiene en la actualidad a pesar de su estado de abandono. En cuanto a la titularidad del inmueble, la titular registral ha fallecido, habiendo renunciado a la herencia sus herederos legítimos. Tras la ejecución de la expropiación, el IMV estudiará la situación y posibilidad de realojo en el parque público de vivienda municipal de los inquilinos que mantienen un contrato de arrendamiento en vigor con la actual propiedad.

El objetivo del Ayuntamiento, a través de esta expropiación, es la de rehabilitar el edificio y destinarlo a 20 alojamientos protegidos en alquiler para personas mayores que gestionará el IMV, similar a los 38 alojamientos existentes en calle Carril, los 8 que se ubican en calle Calvo y 54 en el corralón de Santa Sofía. Además, en este sentido, el IMV está estudiando la construcción de otros 16 alojamientos para personas mayores en calle Soliva.

La apuesta municipal respecto a la rehabilitación de este inmueble contempla recuperar la esencia original de los espacios destinados a alojamientos para mayores, dotándolos de las infraestructuras necesarias y sistemas técnicos y constructivos actuales con el objetivo de ejecutar un edificio eficiente y de bajo consumo energético. Se prevén espacios comunes de cerca de 812 metros cuadrados y el mantenimiento de los valores de autenticidad y el carácter representativo de la barriada.

En cuanto a Ordenación del Territorio, la junta de gobierno local ha aprobado admitir la solicitud de arrendamiento, mediante adjudicación directa, realizada por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía de 2 locales, 6 oficinas y 6 aparcamientos en el edificio de propiedad municipal ubicado en calle Cuarteles, 33.

El procedimiento de adjudicación directa se encuentra amparado en el artículos 107.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el artículo 52.2 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía y en concordancia con los artículos 12, 26, 36 y 37 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento que permite la cesión de bienes patrimoniales a otra administración pública de manera directa.

El precio del arrendamiento asciende a 13.052,36 euros mensuales a abonar por mensualidades adelantadas. Por otra parte, serán a cuenta de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía todos los impuestos, tasas y gastos, así como la suscripción de los contratos respectivos con las compañías suministradoras de energía eléctrica, telecomunicaciones, etcétera. La duración del arrendamiento será de cinco años, prorrogable anualmente, no pudiendo exceder el plazo de 20 años incluyendo las prórrogas.